"Pagamos al contado y ahora no tenemos ni casa ni dinero"

Otra vecina del pueblo, María Luisa, también puso hasta el último céntimo de sus ahorros para adquirir una vivienda, que le costó más de 202.000 euros. A día de hoy, no pueden disponer ni de la casa ni del dinero, porque el vendedor, presuntamente, les ocultó que los inmuebles tenían cargas hipotecarias que ellos desconocían.

Ayer, Juan Ángel J. L. se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia para responder de delitos de estafa y apropiación indebida: “Siempre he intentado ser lo más honesto posible con todo el mundo”, alegó para defender su inocencia. La Fiscalía, que pide seis años y medio de cárcel, sostiene que el procesado aumentó la hipoteca que pesaba sobre la finca “a espaldas de los compradores”. Además, añade que les dijo a los perjudicados que todo el dinero, que habían entregado estaba garantizado por un aval bancario. De este modo, si la promoción de 30 viviendas no llegaba a ejecutarse, se les devolvería su inversión. “Ese aval nunca existió”, sostuvo el fiscal Juan Manuel Fernández Aparicio en el juicio, para tratar de justificar que hubo “un engaño”.

Por su parte, el acusado reconoció que recibió el dinero de parte de los dos compradores, pero que lo destinó al “pago de los proveedores”: “Terminamos las casas”, repitió una y otra vez a preguntas de las acusaciones. También defendió que siempre mantuvo informados a sus clientes de todas las operaciones financieras y negó haber modificado la hipoteca inicial que pesaba sobre la finca —que era de 530.000 euros— y elevarla hasta casi los dos millones de euros. “Era la misma operación ya definida desde el principio en los contratos de compraventa”, explicó el promotor acusado.

En este sentido, culpó a la crisis por la situación generada y a que la entidad financiera no le dejó cancelar la hipoteca. De hecho, subrayó que llegó a ofrecerle a una de las perjudicadas todos sus bienes personales para responder a la deuda contraída con ella: “Ahora ya no puedo, porque me lo han embargado todo”, sostuvo Juan Ángel J. L. “Hice lo que pude”, concluyó.

Las dos familias afectadas por la supuesta estafa coincidieron al explicar que cumplieron su parte del contrato y pagaron religiosamente todo el dinero que les exigió el promotor. Sin embargo, ni el banco ni el acusado cancelaron la hipoteca. “Ahora, no tienen ni dinero ni casa”, sostuvo el abogado de Juan Manuel y María Cruz en su informe final. “No se puede cumplir una obligación a costa de estafar a otras personas”, matizó la letrada de María Luisa, la otra perjudicada en esta historia. Ambos corren el riesgo de que la entidad financiera inicie en cualquier momento los trámites para ejecutar la hipoteca y, por lo tanto, quitarles sus viviendas. El juicio quedó visto para sentencia en la Sección Segunda.