Orgullo y Justicia
Recientemente el Tribunal Constitucional ha blindado la Ley del matrimonio homosexual. Dicha Ley no es actual, entró en vigor en 2005 pero el PP planteó un recurso al Constitucional con argumentos como: que dicha Ley modificaba 'la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer' y aseverando que 'se trata de una de las modificaciones legislativas de más honda trascendencia y repercusiones para la sociedad española'.
Parece que, por fortuna, el PP del 2012 nunca habría actuado como lo hizo en 2005. La mencionada Ley ha permitido que más de 22.000 parejas contraigan matrimonio desde su implantación. Podríamos hablar de los efectos que ha tenido, para un país cuya principal industria es el turismo, una normativa de dicho calibre. Podríamos analizar la repercusión económica o la capacidad de atracción de uno de los segmentos poblacionales con mayor capacidad de gasto como es la comunidad gay, también podríamos comentar el beneficio que ha supuesto para la imagen de España situarse a la vanguardia mundial en términos de justicia social ya que fuimos el tercer país del mundo en legalizar dicho matrimonio, posicionándonos como un país tolerante, moderno, incluso amable para con sus conciudadanos y visitantes. Algo que difiere profusamente de la imagen que hasta hace no mucho proyectábamos de pueblo cerrado, antiguo y ultraconservador. Sin embargo prefiero destacar la normalidad que ha supuesto su aceptación por la sociedad. Los que tenemos la suerte de tener a familiares y amigos con esta tendencia sexual hace tiempo que recorrimos el camino hacia el sentido común. Por el contrario, parte de la sociedad de 2005 albergaba dudas y miedos. Hoy por hoy se puede afirmar que la ciudadanía ha integrado en su ADN una normativa que iguala en derechos a las personas independientemente de su orientación sexual. La controversia inicial y la naturalidad de su acogida posterior permiten comparar esta Ley con la Ley del Divorcio de 1981. Resulta indignante cómo determinados núcleos de intransigencia encabezados por la Iglesia siguen rechazando esta normalización, parapetando su intolerancia en una supuesta vulneración de virtudes morales, cuando dicho matrimonio no es otra cosa que el deseo de consolidar valores como la convivencia, el respeto, la ayuda mutua y el deseo recíproco de alcanzar la felicidad. Y es que ya la Constitución de 1812 en su artículo 13 afirmaba que: El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen” y, sin duda, el reconocimiento de un derecho que por justicia corresponde es motivo de felicidad.
Javier Morallón es profesor de Biología