Ordenan la demolición de unas construcciones en El Sapillo de Martos
El juzgado de lo Penal número cuatro de Jaén ha condenado a cuatro personas por realizar construcciones sobre un suelo clasificado como no urbanizable protegido por área forestal de interés recreativo y ha ordenado la demolición de todas las construcciones y edificaciones que ejecutaron.
La sentencia, consultada por Europa Press, recoge que los cuatro acusados son copropietarios de una finca de 7.839 metros cuadrados ubicada en el paraje El Sapillo de Martos (Jaén) y que, pese a la clasificación establecida para este terreno en el PGOU, comenzaron en febrero de 2006 a realizar obras de división de la parcela consistentes en movimientos de tierra y la ejecución de los muros de contención mediante escolleras, si bien el Ayuntamiento dictó en esas mismas fechas una resolución en la que ordenaba la suspensión inmediata de estas obras.
Los procesados, por su parte, hicieron "caso omiso" y continuaron con la ejecución de las obras e incluso la Alcaldía dictó en octubre de ese mismo año otra nueva resolución manteniendo la paralización de las obras. No obstante, siguieron con las obras y sobre dos de las parcelas edificaron una construcción de paneles de madera y en otra una nave de bloques de hormigón y nuevamente la Alcaldía dictó otra orden de suspensión de obras, estando ya en abril de 2007, siempre según la sentencia.
Así, en noviembre de 2009 se constata que los acusados habían construido en dos de las parcelas sendas casetas de madera, en otra de las parcelas una construcción con tipología de nave y sobre la cuarta parcela dos construcciones, una con tipología de cochera-vivienda y una nave con estructura metálica. Sin embargo, "las obras de construcción y edificación llevas a cabo por los acusados no son susceptibles de ser autorizables al ser contrarias al PGOU de Martos y a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía", especifica el citado fallo judicial.
Por todo ello, los cuatro fueron considerados responsables de un delito contra la ordenación del territorio por el que se les impone a cada uno seis meses de prisión y una multa de 1.080 euros y de una falta continuada de desobediencia que les pena a cada uno con 120 euros. Además, se acuerda la demolición de todas las construcciones y edificaciones con cargo a los condenados.