Finalmente, el temor de los opositores, más que de los sindicatos —a tenor de las declaraciones de sus representantes—, se despeja de algunos nubarrones, que no todos. Después de la reunión del viernes, el Ministerio de Educación anunció que diez comunidades, finalmente, celebrarán oposiciones para profesores de la enseñanza pública. En este caso, Andalucía con su anuncio y, sobre todo, con su rechazo a respetar el tope marcado por el Gobierno para solo reponer tres de cada diez  jubilaciones, ha hecho reconsiderar la posición inicial de otras comunidades. Este cambio de criterio beneficia, a priori, a un mayor número de opositores, aunque en la práctica, que de esas diez comunidades seis exijan el idioma del terruño, limita de manera aberrante las posibilidades de unos y supone una ventaja para otros. Un dislate autonómico, a modo de ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Quizá nos castiguen al rincón o nos dejen sin postre, pero con permiso de todos los padres y madres de las patrias respectivas, determinadas competencias, como Educación, deberían ser estatales, con un criterio marcado, con consenso político y no unos reinos de taifas que, al menos, en este aspecto no sacan nota. Pero ningún partido renuncia a parcelas de poder y así cada uno en su casa computa como le place, lo que supone desigualdades en función del suelo que pises. Eso sí, el informe PISA dicta que mientras otros marchan por autovía educativa, nosotros estamos encantados de transitar sinuosas carreteras secundarias.

(De la sección "Pongamos por caso")