Olivareros afectados piden 19 años de cárcel a los acusados del caso Iniosa

En el año 2000, más de 200 agricultores de Jaén y Córdoba entregaron su aceituna a la empresa Iniosa y, como pago, recibieron cheques sin fondo. En 2006, la Guardia Civil descubrió que existía una supuesta trama organizada para eludir la deuda. Fue la operación “Lío”. Nueve años después, el juicio contra los supuestos responsables de uno de los mayores fraudes detectados en el sector olivarero está cada vez más cerca. El proceso judicial ha entrado ya en la última fase, después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Martos haya solicitado a las partes que presenten sus respectivos escritos de calificación de los hechos. 
Uno de los primeros que ha llegado al Juzgado es el de la acusación particular ejercida por el grupo más numeroso de agricultores afectados. En él se solicitan penas de 19 años de prisión para todos los acusados, menos para el empresario Fidel San Román, imputado también en el caso Malaya, para quien se pide una condena de ocho años de cárcel. La representación legal de estos 65 olivareros coincide con el juez instructor, el magistrado José Raúl Calderón, y considera que detrás de la estafa existe una organización “cuasi familiar” encabezada por tres personas: Enrique Fuentes Ibáñez, Luis García Bolívar y Magi Joan Benet Miol. Presuntamente, estos cabecillas pusieron en pie una especie de “mafia empresarial” en torno al aceite de oliva, con una serie de testaferros alrededor, que solían ser sus mujeres, sus hijos e, incluso, sus nueras.
Todo el entramado estaba dirigido a la estafa de los olivareros y a dificultar que los afectados y otros acreedores pudieran recuperar su dinero. En total, según se puso de manifiesto durante la instrucción, el fraude podría ascender a casi veinte millones de euros.
Estos 65 olivareros estafados consideran que los dieciocho acusados son autores de estafa, alzamiento de bienes, delito societario y contra la Hacienda Pública. Han solicitado las máximas penas posibles por cada una de las infracciones, lo que hace un total de 19 años de prisión para cada uno. Además, como responsabilidad civil, solicitan una indemnización de 1,61 millones de euros en concepto del pago de la aceituna que entregaron a Iniosa hace nueve años.
Lo más probable es que el resto de escritos de calificación de las respectivas acusaciones particulares sean similares al presentado por estos 65 olivareros. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han hecho públicos sus escritos de acusación todavía. Los últimos en calificar los hechos serán las defensas de cada uno de los 18 acusados, según explican fuentes cercanas al caso.

Un confuso entramado de empresas
El entramado empre- sarial creado por varios de los acusados en torno a Iniosa sólo pretendía crear “el máximo de confusión posible” para estafar el dinero a los agricultores y, después, torpedear cualquier investigación policial. Esa es la tesis que mantuvieron en su día la Guardia Civil y el juez José Raúl Calderón, y que ahora recoge la acusación particular. En este sentido, habla de “una estrategia preconcebida”, que utiliza “todos los medios necesarios como la falsificación de cuentas y de documentos” y la descapitalización de la sociedad.
Las investigaciones determinaron que los imputados urdieron un entramado laberíntico para que el dinero de los olivareros se perdiera. Los agricultores afectados entregaron su aceituna a Iniosa. El aceite resultante (unos 18 millones de kilos) fue vendido por esta empresa, con sede en Porcuna, a varias sociedades. Sin embargo, a la hora de liquidar, los afectados sólo recibieron cheques sin fondo. Investigando estos hechos, la Guardia Civil descubrió que los responsables de Iniosa, presuntamente, también falsearon las cuentas de la sociedad. Según el instructor, se manipularon las cuentas para dar cobertura a otras operaciones.
En un último momento, los considerados “cerebros” de la trama diseñaron una hoja de ruta de descapitalización de la sociedad mercantil, mediante la transmisión del patrimonio a otras empresas. De esta forma, se evitaban los posibles embargos de deudores. Rafael Abolafia / Jaén