Ocho empresarios jiennenses, a la espera de sentencia por fraude fiscal

Fuentes judiciales cercanas al caso explican que el “macrojuicio” quedó visto para sentencia a finales del pasado mes de septiembre. En el banquillo de los acusados, se sentaron 47 personas, todas vinculadas a empresas del sector de la informática. Entre ellos, estaban ocho empresarios de la provincia: dos de la capital, dos de Torredelcampo, tres de Mancha Real y uno de La Carolina. El fiscal considera que formaban parte de un complejo entramado societario que tenía un único objetivo: defraudar al fisco.
El Ministerio Público considera que hicieron un “agujero” a las arcas públicas superior a unos 8,5 millones de euros en los ejercicios fiscales de 1996, 1997 y 1998. Presuntamente, en esos años eludieron el Impuesto sobre el Valor Añadido en diversas transacciones de material informático.
El “modus operandi” de la trama se basaba en el sistema de las empresas “pantalla” o “truchas”, llamadas así porque son muy escurridizas y aparecen y desaparecen con una rapidez inusitada. Se trata de sociedades sin aparente actividad laboral, pero con un alto volumen de negocio. Al parecer, el entramado se dedicaba a comprar y vender material informático. Esos productos eran adquiridos, presuntamente, exentos del pago del IVA en otros países extranjeros. Una vez en España, eran transmitidos a la empresa “trucha”, que las vendía repercutiendo esos tributos a otra sociedad “pantalla”, sin ingresar ese valor añadido. De esta manera, la empresa “pantalla” se deducía el IVA que le repercutía la empresa “trucha”.
Las fuentes consultadas explican que las sociedades se beneficiaban del fraude adquiriendo los productos mucho más baratos, puesto que se ahorraban el pago del impuesto, que no ingresaban en ningún punto del entramado. Esta ventaja competitiva les permitía abaratar los precios de mercado. Al parecer, esta trama tenía numerosas sociedades instrumentales, regentadas por testaferros. Este tipo de sociedades instrumentales no tienen actividad económica real, ya que solo existen sobre el papel. No suelen tener instalaciones, ni personal contratado, ni contratan suministros tan esenciales para el ejercicio de cualquier actividad económica como el teléfono, la luz o el agua.
Al parecer, ese era el método utilizado por el entramado en el que, presuntamente, participaban los ocho empresarios jiennenses juzgados desde el 18 de octubre hasta el pasado 23 de noviembre en la Audiencia Nacional. ¿Por qué se celebró el juicio en este órgano? Porque es el competente ya que el supuesto fraude se cometió en varias provincias españolas.
Para algunos de los procesados, la Fiscalía llegó a solicitar penas que superan los diez años de prisión, además de multas e indemnizaciones millonarias. Algunos de los 47 procesados han alcanzado acuerdos con el Ministerio Público para dejar el castigo en el mínimo legal. Los demás están a la espera de que el tribunal se pronuncie. Rafael Abolafia/Jaén