'Nunca acosé ni amenacé a mis vecinas por su condición sexual'

Rafael Abolafia/Jaén
'Mentira', 'injurias', 'falso'. Esas son las palabras que más repitió Antonio P. A. en el juicio que ayer se celebró contra él por acosar y amenazar a dos vecinas, a las que, presuntamente, hostigaba por su condición sexual: 'Nunca hice nada de eso.

    27 oct 2011 / 09:47 H.

    Eran ellas las que me provocaban”, dijo a su señoría. El fiscal pide para él una condena de cuatro años y medio de cárcel.
    Una de las víctimas ni tan siquiera pudo terminar de contar “el calvario” que vivió entre los años 2005 y 2010. “Era insufrible. Todavía hoy estoy en tratamiento psicológico”, explicó a la juez Valle Elena Gómez con la voz entrecortada y las lágrimas ya asomadas en sus ojos. Según relató esta mujer, los problemas comenzaron al poco tiempo de que Antonio P. A. llegara a una urbanización de El Megatín, en Torredelcampo, donde ya residían las dos denunciantes. “Nos culpaba de que la Guardia Civil le había abierto diligencias por hacer obras ilegales en su casa”, aseguró una de las mujeres. Y añadió: “A partir de ahí fue un infierno”.
    Así, explicó que el acusado les arrojaba aguas fecales, ratas muertas, petardos y basuras. Incluso, llegó a colocar en una ventana un muñeco negro. “Eso fue al principio. Después, comenzó a insultarnos con expresiones relacionadas con nuestra orientación sexual. Ocurría prácticamente a diario”, relató la mujer que, en algunas ocasiones, llegó a fotografiar a Antonio P. A. en actitudes obscenas, en concreto, echándose mano a sus genitales. “Lo hacía en un momento de rabia, porque ellas me estaban grabando con una cámara”, dijo el acusado para justificarse.
    Las dos mujeres optaron por levantar un muro de hormigón de siete metros para separar las parcelas. Según explicaron, la respuesta del procesado fue montar un andamio: “Se pasaba todo el día allí mirándonos e insultándonos. Cada vez que salíamos al jardín lo encontrábamos sentado y observando. No vivíamos tranquilas”, aseguró la mujer. “Me sentí humillada al máximo. Lo que más me dolía es cuando me llamaba Luisito”, agregó.
    La situación de hostigamiento fue tal, según aseguran las denunciantes, que se vieron obligadas a cambiar de casa. Se mudaron a otra vivienda. Presuntamente, el acusado supo dónde se habían refugiado y se presentó en el nuevo domicilio. La Fiscalía asegura que, en otra ocasión, Antonio P. A. persiguió a una de sus vecinas con el coche: “Comenzó a  dar ráfagas largas de luz. Temí que pudiera hacerme algo”. Finalmente, y tras innumerables denuncias, un juez dictó una orden de alejamiento contra el acusado en febrero de 2010. Desde entonces, no ha habido ya más problemas.
    La versión de Antonio P. A. fue totalmente distinta. Aseguró que los problemas con sus vecinas comenzaron cuando quiso abrir una ventana en el salón de su casa: “Me dijeron que no lo hiciera porque invadía su intimidad. Como la abrí, me amenazaron con que iban a ir a por mí”, testificó. A partir de ahí, la fiscal lo interrogó sobre hechos concretos. En casi todas las respuestas de Antonio P. A. se coló la palabra “injuria” o alguno de sus sinónimos. El acusado negó que arrojara basura o animales muertos, que hiciera gestos obscenos o que insultara a sus vecinas. “Ellas me provocaban y llegaron a cagarse en mis muertos”, contestó. Cuando el Ministerio Público le preguntó por su opinión sobre las personas homosexuales, el procesado respondió: “Respeto a todo el mundo. Ellos en mi sitio y yo en el mío”.
    En el juicio, también declararon varios guardias civiles del puesto de Torredelcampo, quienes confirmaron que tuvieron que intervenir en varias ocasiones a requerimiento de las mujeres. Igualmente, testificaron los forenses, que aseguraron que una de las víctimas sufre un trastorno depresivo moderado, como consecuencia de todo lo ocurrido.
    La Fiscalía acusa a Antonio P. A. de un delito contra la integridad moral, en concurso ideal con otro de lesiones psíquicas. Igualmente, le imputa unas amenazas graves. En total, reclama un castigo de cuatro años y medio de cárcel. Es la misma pena que solicita la acusación particular. La diferencia estriba en las indemnizaciones. Las víctimas piden 28.000 euros por los 12.000 del Ministerio Público.