En una sesión “extraordinaria y urgente” que no tiene ni veinte puntos en su orden del día, en cuanto se cierre el debate sobre asignaciones económicas a grupos municipales, número, características y retribuciones del personal eventual adscrito a la Alcaldía y al resto de partidos y la designación de liberaciones exclusivas y parciales, entre otras cuestiones, la nueva Corporación surgida de esa ola de cambio político que ha sacudido el país deberá abordar la concertación de una nueva póliza de crédito a corto plazo que posibilite el pago de las nóminas de junio y julio de los 1.452 trabajadores que tiene la Administración local.

El importe de esta operación asciende a 7,8 millones de euros y su finalidad, además del pago de las nóminas, es atender obligaciones financieras contraídas por la Empresa Pública de Aparcamientos (actualmente en liquidación) por un montante de 240.000 euros. Como en anteriores ocasiones, la propuesta que firma el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, se realiza poniendo como “garantía” el segundo plazo de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La comisión de apertura se establece en un 0,15%, el tipo de interés fijo es del 1,95% y el de demora flirtea con el 4%. Es, en concreto, del 3,95%, cuando la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera determina que este no debería exceder “del 2,24% o 2,79% anual”.

Como consecuencia —y lo reconoce el propio concejal en su propuesta—: “Resulta que la operación no cumple el principio de prudencia financiera”.

La conclusión no es nueva. Lo que sí es novedoso es que la aprobación de esta nueva póliza pase por pleno. El motivo de que sea así es que, rebasando el límite legal permitido, el importe de las operaciones financieras que el Ayuntamiento ha concertado hasta la fecha es “superior al 15% de los ingresos corrientes liquidados” en 2014. Según se lee en el informe de la Intervención, la Administración local no puede concertar operaciones de tesorería que excedan en su conjunto el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el último ejercicio.

Este porcentaje se traduce en 26.395.455,44 euros. Sin embargo —continúa el informe—: “El volumen total de las operaciones de tesorería vigentes [a 22 de junio de 2015], con este anticipo, ascendería a 48.510.816 euros”, lo que supone un exceso sobre el límite legal de 22.115.360 euros. Ante esta situación, el interventor alerta de que la firma de esta nueva póliza podría derivar “en una causa de anulabilidad del acto administrativo” y que, por lo tanto, “no debería concertarse en los términos que se establecen”. “En caso de concertarse —agrega—, se deberían de amortizar las cantidades que exceden del límite legal a la mayor brevedad posible con el fin de ubicarse bajo los topes máximos de endeudamiento a corto plazo”.

Por último, el interventor recuerda la difícil situación financiera del Ayuntamiento y advierte de que “resulta comprometida” su capacidad “para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones derivadas” de esta operación. Remacha señalando que “no consta” informe sobre la necesidad de concertar esta póliza.

Un esquema de liberaciones polémico 

A falta de que haya alguna alteración de última hora en un debate de liberaciones que no ha dejado de sufrir modificaciones, en función de exigencias que, fundamentalmente, han partido de los tres concejales de Ciudadanos (C’s), la propuesta de Alcaldía que hoy llegará al pleno organizativo mantiene 10 para el PP, por ser el partido que tiene la dura tarea de gobernar la ciudad; 5 —algunas de ellas serán parciales— para el PSOE, con 9 concejales; 2 para Jaén en Común (JeC) y otras 2 para C’s.

Los ediles del partido de Albert Rivera han sido los más beligerantes. Se empeñaron en tener 3 exclusivas y hasta el mismo lunes estuvieron intentando negociarlas, si no podía ser al 100%, al menos, al 75%.