Nuevas normas en las aulas para mejorar la convivencia
La falta de respeto en todos los frentes que sufre la sociedad actual es especialmente sangrante en el ámbito educativo, donde el profesorado en su inmensa mayoría carece por completo de la necesaria autoridad moral ante sus alumnos.
Los casos de agresiones al docente, más o menos graves, son habituales en los centros educativos, una situación insostenible que desde la Junta se pretende atajar con una propuesta de nueva organización y funcionamiento de los centros docentes que incluye una mayor protección a los derechos del profesor, además de regular el acoso escolar a través de internet. El documento, que está pendiente de un debate profundo previsto para mediados de este mes en un congreso, supone actualizar las normas de convivencia, desde eliminar el exceso de burocracia hasta regular el uso de móviles o la facultad de expulsar a quienes difundan cualquier tipo de violencia por la red. La iniciativa es ambiciosa y llega en un momento más que necesario, porque la sociedad tiene la sensación de que los estudiantes no acatan las más elementales reglas porque, sencillamente, a menudo no hay herramientas con las que obligarlos a ello. Se trata, en suma, de apoyar de manera explícita al profesorado, con una carta de derechos en los que se incluye la llamada “presunción de legitimidad”, una forma de que sepan que la Administración está de su parte como punto de partida en cualquier conflicto, no sólo desde el punto de vista penal, sino en el moral y en el académico.
La cuestión primordial es que se pierden las formas tanto dentro como fuera de los colegios e institutos y eso, en la gran mayoría de los casos, no es más que una prolongación de lo que ocurre en las propias familias. Todos los remedios que se implanten en las aulas estarán abocados al fracaso si no se ataja el problema de fondo, desde una perspectiva global.