Nueva condena a Caja Madrid por la "venta ilicita" de preferentes
Un matrimonio de avanzada edad recupera los 7.000 euros invertidos en preferentes de Caja Madrid, según la nueva condena de los juzgados de Linares. Recientemente, Ausbanc consiguió también que se declarase la nulidad de un contrato por el que otro matrimonio recuperó 28.000 euros. Los juzgados de Linares, tierra natal de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, son contundentes al declarar la nulidad de contratos de participaciones preferentes "colocados" a clientes con un perfil conservador. Este es el caso del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Linares, que señala que "existe contravención de las normas imperativas y vicio en el consentimiento", por lo que condena a Caja Madrid (actualmente Bankia) a devolver 7.000 euros a un matrimonio.
Los clientes, según explican desde Ausbanc, son una pareja de avanzada edad, ajena totalmente a los mercados financieros, sin estudios ni formación en la materia. Firmaron en 2004 y renovaron en 2009 el contrato de participaciones preferentes de Caja Madrid por la estrecha relación de confianza que existía con el director de la sucursal. En el seno de esta relación siempre habían contratado productos seguros, conservadores y de capital garantizado. Durante el juicio quedó probado que la entidad no realizó el test de conveniencia a los clientes, sino que el mismo gestor de la sucursal lo rellenó y se lo presentó simplemente a firmar, "por cuanto las respuestas no se correspondían con la realidad, careciendo los demandantes de conocimientos sobre el funcionamiento y naturaleza de la deuda perpetua o participaciones preferentes, además de que el folleto informativo de emisión pudiera resultar ciertamente confuso e incomprensible para unas personas de avanzada edad, y con unos estudios básicos y un perfil ahorrador".
Hace escasos días Ausbanc también consiguió que el Juzgado Mixto número 1 de Linares declarase la nulidad de un contrato de participaciones preferentes suscrito en 2009, por lo que un matrimonio recupera 28.000 euros más intereses y con costas. La declaración de nulidad también se basó en el consentimiento. De hecho, los test de conveniencia, según declaró en juicio el representante de la entidad, se imprimían en bloque y se pasaban a firmar, por lo que la capacidad de negociación del particular era nula. Además, las preguntas realizadas en el test de conveniencia contenían términos opacos, no eran claras y, además, inducían a la confusión.