23 dic 2008 / 23:00 H.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial ha hecho lo que se esperaba, ratificar la sanción al juez Rafael Tirado, de 1.500 euros por una “falta leve” en su actuación profesional: Mantuvo en libertad durante dos años al presunto asesino de la niña onubense Mariluz Cortés y el Gobierno de los jueces cierra sorprendentemente de esta forma un tema de amplio calado social, que no cesa de repiquetear contra la Justicia y sus administradores los jueces. El mismo día de la reunión del Gobierno de los jueces se ha hecho pública la sentencia contra un juez de Murcia que ha sido inhabilitado dos años por bloquear la adopción a una pareja de lesbianas. Las comparaciones ante la respuesta de los propios jueces a los fallos de los jueces han acabado por despertar a una ciudadanía que no entiende de argumentaciones jurídicas ni eximentes legales y que usa el sentido común para su discurrir diario. En estos momentos, según las encuestas sociológicas, la Justicia es pésimamente valorada por la sociedad y a tenor de lo que hemos conocido por la decisión del Consejo General del Poder Judicial, estará en esa situación de repulsa contra las togas durante un tiempo importante. Una vida no merece una sanción leve por parte del juez que olvidó hacer su trabajo durante dos años seguidos y tiene razón la familia cuando clama contra la Justicia y los jueces por su corporativismo subrayando que si este juez hubiese hecho su trabajo su hija estaría ahora viva y disfrutando la Nochebuena y las Navidades con ellos. Cabe pensar después de conocerla sanción al juez Tirado que las presiones de los jueces, con amenazas directas de huelga y paralización, han dado su efecto. Querían que no se le apartara de la carrera judicial y lo han conseguido. Los españoles, en general, estamos atónitos porque los jueces se tapen entre ellos y, además, porque la transición no haya llegado aún al sistema judicial, uno de los tres poderes del Estado.