“No se va a negociar otro convenio”

Contundente en sus respuestas a los periodistas, María José Sánchez recalcó que la Junta de Andalucía continuará por la senda que inició cuando elevó el conflicto sobre la ayuda a domicilio en la capital a los tribunales, negó que se vaya a negociar ningún convenio nuevo —como pretende el equipo de Gobierno que lidera José Enrique Fernández de Moya—, y aseguró: “Mantendremos nuestro compromiso en materia de pagos, con una cadencia de dos meses”. En línea con la denuncia municipal del convenio, a principios de octubre del año pasado; el auto del fiscal, de 4 de diciembre, y el de medidas cautelares de 10 de febrero, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas reconoció que existe “un problema de pago del servicio”, pero no de competencias, como aduce el alcalde. “El Ayuntamiento tiene que prestar el servicio y la comunidad autónoma abonarlo, como es lógico. Es una tarea compartida”, subrayó Sánchez, que consideró: “Inicialmente, el conflicto tiene que estar resuelto porque la Junta nunca ha dicho que no tenga que asumir su obligación de pago y, actualmente, mantiene una cadencia de pago de dos meses”. “Es un compromiso no formalizado, pero sí explicitado”, apuntó la consejera, que dijo que creía que, “a día de hoy” [por ayer], el Ayuntamiento habría cobrado el mes de enero.  
A pesar de todo, añadió: “En cualquier momento, veremos más detenidamente el asunto del convenio. Pero eso no es óbice para la prestación del servicio. No debemos mezclar las cosas porque se genera una incertidumbre” entre quien recibe el servicio y quien está trabajando para prestarlo”. En cuanto a la consignación judicial del dinero por la que ha optado el equipo de Gobierno local, señaló: “Es muy importante que el Ayuntamiento, a la vez que cobra, pague a la empresa para que se pueda mantener el salario de los trabajadores”. Pero, de persistir, aventuró: “Es un problema que tendrá que resolver la empresa con el Ayuntamiento, que es quien le tiene hecho el contrato”.
Por su parte, la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, lamentó, en un comunicado, que la Junta no quiera negociar un nuevo acuerdo porque, en su opinión, serviría para “resolver de forma definitiva” el conflicto que  mantienen ambas administraciones. Chamorro se remitió también al auto de las medidas cautelares y recordó: “El convenio está denunciado en tiempo y forma, por lo que la consejera no  debería seguir desoyendo lo que dice la Justicia”. En este sentido, culpó a la Junta de no tener “ninguna intención” de solucionar el  conflicto y de “utilizar a las trabajadoras contra el Ayuntamiento”.
Con respecto a las empleadas, que acumulan dos nóminas sin cobrar y son las grandes damnificadas de la decisión municipal de consignar judicialmente el dinero, el próximo día 21 irán a la huelga indefinida si, antes, no hay un acuerdo entre las partes implicadas.