No copiaron uniformes escolares
La batalla de los uniformes escolares ya tiene un ganador, al menos, de forma momentánea. Los dos empresarios del sector textil que se sentaron en el banquillo acusados de falsificar prendas oficiales de un colegio concertado de la capital —el Veracruz— han sido absueltos “con todos los pronunciamientos favorables”. Así lo ha determinado el juez del Penal número 3, José Luis Delgado Casado, en un sentencia en la que esgrime la falta de pruebas para condenar a los hermanos Aníbal y Marcos S. H.
El proceso judicial arrancó en el año 2011, cuando M2A —la empresa que tenía la exclusiva para fabricar y vender los uniformes de ese centro educativo— constató una considerable bajada de sus ventas: “Casi un 40 por ciento menos”, explicó la propietaria en el juicio, celebrado el 28 de abril. Según sus tesis, las causas de ese descenso es la existencia de uniformes falsificados: “Vimos que había centenares”, llegó a asegurar el director del colegio en su declaración como testigo.
Así que M2A decidió tender una trampa a los presuntos falsificadores. El 14 de junio de 2011, envió a una compradora a la tienda regentada por Aníbal y Marcos S. H., que adquirió un chándal similar a los oficiales del colegio Veracruz por 30 euros —los originales valen casi el doble—. Inmediatamente, los responsables de M2A interpusieron la denuncia que dio lugar al juicio contra los dos empresarios textiles, celebrado casi tres años después y en el que han resultado absueltos.
¿En qué se basa el juez? Fundamentalmente en que no hay pruebas. Su señoría asegura que en los talleres de los acusados no se han incautado de prendas falsificadas del colegio Veracruz ni se ha demostrado que las fabriquen. Igualmente, explica que la bajada de ventas registrada en M2A no se produce “necesariamente como consecuencia de una actividad ilícita”: “El uso de las prendas no es obligatorio, según la Junta de Andalucía, por lo que muchas familias han podido dejar de comprar el uniforme por otras causas, como la crisis económica”, añade el magistrado en sus razonamientos.
Sin embargo, el juez se detiene especialmente en un aspecto: el chándal adquirido en la empresa de los acusados por la “enviada” de M2A. Dice la sentencia que no ha quedado demostrado si esa prenda replicaba de forma idéntica a la ropa oficial: “No se practicó un informe pericial que acredite cuál era el grado de imitación del producto”.
Por todo ello, se absuelve “con todos los pronunciamientos favorables” a los hermanos Aníbal y Marcos S. H. del delito contra la propiedad industrial por el que fueron juzgados. La sentencia puede recurrirse a la Audiencia.