Necesidad de una ley de educación consensuada

Los fallos de los alumnos españoles son destacables en aspectos como la comprensión lectora, la expresión escrita o las matemáticas, esto es, en ámbitos y materias que son verdaderas claves en el proceso de enseñanza y aprendizaje (está claro que un alumno que tiene dificultades en comprensión o expresión y en matemáticas cuenta con problemas enormes para acceder a la información relacionada con otras materias, y, por tanto, el fracaso en el proceso se perfila como posibilidad digna de ser tenida en cuenta). El citado fracaso es muy superior al que sería de esperar en función de la inversión realizada, luego algo falla y lo sabemos, pero ahí sigue y no conseguimos corregirlo. La nueva ley ha conseguido poner en su contra a casi todos los afectados por la misma, profesores, alumnos y padres, mientras se preparaba y debatía. Es la primera vez que se da tal unanimidad cuando se discute una ley educativa en España, y desde que se reinstauró la democracia ya hemos visto varias, demasiadas, pero es lógico que sea así mientras no se llegue a redactar de una vez una ley consensuada, aceptada por todos, que sea el marco para la educación de niños, jóvenes y adultos sin la inseguridad que supone la sensación de que cuando gobierne otro partido la va a cambiar (“esta ley durará lo que dure este Gobierno”, ha dicho un miembro relevante de la oposición, afirmación que confirma lo anteriormente expuesto). Por otra parte, la ciudadanía está perpleja ante el debate montado, un tanto virulento, en el que sorprendentemente se habla mucho de una materia, la Religión, y del problema de la lengua que se emplea en las aulas en Cataluña, temas que deben dejar estupefactos a los ciudadanos de otros países europeos que tengan conocimiento de estas informaciones a través de los medios. En cambio, no se habla de los problemas de compresión lectora o de expresión escrita, de las dificultades en el razonamiento matemático, de la escasa riqueza léxica y de la fluidez verbal, de la creatividad o de la capacidad para la identificación y resolución de problemas, de la eficaz búsqueda de información, etcétera. Apenas se escucha algo sobre los estilos de aprendizaje o la habilidad para aprender de forma autónoma, y mucho menos de la valoración de la tarea bien hecha, según las propias capacidades, o del respeto debido a los profesores, los compañeros o las instalaciones, aspectos que son manifiestamente mejorables. A la vista de esta situación, se pregunta uno de qué hablarán los expertos en sus reuniones y hasta cuándo tendrá que esperar España que se redacte una Ley de Educación para todos, pensada para ser aplicada al menos a corto y medio plazo, y respetada como tal por los gobiernos sucesivos que lleguen al poder en al menos quince o veinte años.
Manuel Campos Carpio