Mujeres grabadas en el aseo de un pub piden 5 años de cárcel al dueño

Rafael Abolafia / Jaén
Carlos Daniel M. V., el propietario de un pub de Cazorla detenido por grabar mujeres en los servicios de su local con una cámara oculta, ya sabe a lo que se enfrenta. Algunas de las víctimas piden para este hombre una condena de 5 años de prisión, el máximo que contempla la Ley para los delitos contra la intimidad.

    20 ene 2012 / 10:12 H.


    Los hechos se remontan al 15 de diciembre del año 2009. Ese día, Carlos Daniel M. V. sintió, por primera vez, el frío de las esposas que un policía le puso en las muñecas. Fue detenido por los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Una denuncia anónima, recibida dos días antes del arresto, puso a la Policía Nacional sobre su pista. Cuando los investigadores se personaron en el pub Clan, propiedad de Carlos Daniel M. V., encontraron una infraestructura que recuerda a una especie de “Gran Hermano”. Los agentes encontraron una microcámara oculta en el cajetín de un falso enchufe del cuarto de baño de señoras. Presuntamente, había sido colocado por el acusado. Con este dispositivo fueron grabadas decenas de mujeres semidesnudas.
    Según las acusaciones particulares, la cámara se activaba con un sensor de movimiento, recibía el suministro eléctrico a través de un transformador y estaba conectada a un disco duro. Al parecer, Carlos Daniel M. V. almacenaba las imágenes que captaba el aparato en su ordenador personal y, posteriormente, las editaba. Cuando la Policía registró su casa, encontró archivos de 108 mujeres distintas, que habían sido fotografiadas en los servicios del pub Clan sin que ellas lo supieran.
    A partir de entonces, la investigación policial y judicial se centró en identificar a todas y cada una de las víctimas. Finalmente, y tras un largo y complicadísimo proceso, se les pudo poner nombre y apellidos a 38 de las fotografías, según se relata en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía. En este sentido, el Ministerio Público acusa a Carlos Daniel M. V. de un delito continuado contra la intimidad y pide que sea condenado a dos años y medio de prisión, más el pago de una multa de 3.420 euros. Además, reclama que indemnice a cada una de las 38 víctimas identificadas con 1.000 euros por los daños morales ocasionados.
    No obstante, muchas de las mujeres fotografiadas contra su voluntad también han presentado cargos contra el dueño del pub Clan. Ejercen como acusaciones particulares y exigen un castigo más severo. Algunas solicitan hasta cinco años de cárcel para Carlos Daniel M. V., el máximo que permite el Código Penal para este tipo de delitos. Las indemnizaciones exigidas por las víctimas oscilan entre los 6.000 y los 18.000 euros. El juicio está todavía pendiente de fecha.

    Acusaciones particulares aseguran que las imágenes se difundieron en internet
    La Policía Nacional determinó, tras una laboriosa investigación, que no había pruebas de que Carlos Daniel M. V. compartiese con otras personas las imágenes de las mujeres que, presuntamente, fotografiaba en su pub de Cazorla. Sin embargo, varias de las acusaciones particulares personadas en el procedimiento piensan lo contrario. Es decir, consideran que se difundieron en la red de redes. Un grupo de tres víctimas asegura, en su escrito provisional de acusación, que las fotografías y los vídeos fueron “revelados a distintas personas y que, incluso, fueron difundidos a través de internet”. Otras diez mujeres, que ejercen juntas la acusación particular, también realizan un relato de hechos similar: “Las imágenes se difundían a terceros mediante internet y a través del visionado directo en el domicilio del acusado”, dice textualmente. Incluso, añade que se “creó una página web al efecto para publicarlas”.
    La cuestión no es, en absoluto, baladí. Todo lo contrario. Si las imágenes son para “consumo propio”, el castigo es mucho menor que si se demuestra que llegaron a otras personas. La Fiscalía se basa en la investigación policial y considera que fue Carlos Daniel M. V. la única persona que visionó las fotografías. No obstante, debe haber alguien más. Hay que recordar que la denuncia anónima que fue enviada a la Comisaría ya contenía los archivos que, después, se encontraron en el ordenador personal del acusado.