Más víctimas de violencia de sexo ayudadas en su calvario
En la lucha contra una lacra que, en lo que va de año, se ha cobrado la vida de 35 mujeres en toda España, el número de víctimas de violencia de sexo que, en la provincia, se han beneficiado del apoyo y del seguimiento que presta la Consejería de Justicia e Interior, a través de su Punto de Coordinación de Órdenes de Protección, se ha duplicado prácticamente en un año, pasando de 108, en 2012, a 228, el año pasado, según recoge un reciente balance al que tuvo acceso este periódico.
Estos seguimientos se llevan a cabo desde el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) y del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Desde ahí, se les ofrece el apoyo que necesitan para afrontar los procesos judiciales contra sus agresores y todas las prestaciones sociales y ayudas que requieran para superar su difícil situación. Como explican desde la Consejería, el Punto de Coordinación se encarga, fundamentalmente, de gestionar las medidas cautelares de alejamiento de los agresores y las órdenes de protección de las víctimas que acuerdan los juzgados. Este órgano, el primero con un funcionamiento telemático que se puso en marcha en España, garantiza la comunicación inmediata de la orden de protección sin interrupción todos los días del año, las veinticuatro horas del día, a las instituciones que ofrecen protección social a las mujeres, favoreciendo su acceso a los servicios y recursos especializados de atención y asistencia.
En la provincia, este órgano tramitó, en 2013, 598 procedimientos judiciales con órdenes de protección para las víctimas de violencia de sexo o alejamientos de los agresores, lo que supone un 13% más que el año anterior. Además, el Punto de Coordinación gestiona el seguimiento de las intervenciones en materia de asistencia y protección social a las víctimas.
Desde su creación en 2009, este servicio ha tramitado en la provincia 2.949 procedimientos judiciales, de los que, aproximadamente, más de la mitad han sido órdenes de protección y, el resto, medidas cautelares de alejamiento de los agresores.