14 dic 2008 / 23:00 H.
En una nueva vuelta de tuerca para reconducir las oscuras previsiones económicas para el próximo año, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el sábado la movilización de 33.000 millones de euros en inversión pública. En esta partida ya se incluyen los 8.000 destinados para que los ayuntamientos ejecuten proyectos con los que aumentar las cifras de contratación. Zapatero subraya que este desembolso público no tiene precedentes en la historia de España y con él el Ejecutivo echa el resto en cuanto a las posibilidades de revitalizar la fluidez económica con dinero público. El dinero irá destinado, fundamentalmente, a infraestructuras de transporte y complementa otras medidas que, sobre el papel, buscan dar confianza y credibilidad al sistema económico español. No obstante, el fondo puesto a disposición de los bancos parece no ser suficiente para que las entidades financieras vuelvan a garantizar el crédito a empresarios y particulares con el que se reactiva el consumo. La confianza en que estas medidas sirvan para paliar los malos datos que prevén los expertos internacionales para 2009 no debe obviar la vigilancia a grandes y medianas multinacionales que, desde hace meses, se escudan en una crisis para destruir empleo y deslocalizar la producción hacia otros mercados con menos garantías laborales y mano de obra más barata. El discurso de optimismo debe ir acompañado de medidas contundentes contra empresas que buscan cuadrar balances con despidos y prejubilaciones con cargo al Estado. En este sentido, algunas de las negociaciones laborales que se realizan en estos momentos con empresas españolas no son la mejor garantía para el derecho de los trabajadores, ya que quedan en papel mojado, por ejemplo, cláusulas por las que se obligaba a recolocar a empleados. También en este aspecto el Gobierno tiene obligaciones en esta crisis.