15 ago 2010 / 09:00 H.
Dos brigadistas fallecieron esta semana en las tareas de extinción de un incendio, a todas luces intencionado, que se produjo en el municipio pontevedrés de Fornelos de Montes y que arrasó cien hectáreas de monte antes de ser controlado por completo. Aunque la investigación interna para aclarar las causas aún no está cerrada, todo hace pensar que se vieron sorprendidos por el fuego por una súbita racha de viento, lo que los desorientó y fueron rodeados por las llamas. Lo que sí se da por cierto es que el siniestro no se produjo por accidente y desde la Administración gallega ya se lo califica como un “acto criminal”. En el caso de Galicia, los incendios forestales se reproducen de manera endémica en los meses de verano, por más que la sociedad esté cada vez más mentalizada y se condene desde todos los ámbitos. En la memoria reciente de la provincia de Jaén está el caso del siniestro de 2005, que tiñó de negro el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, un suceso que pese a la magnitud de la catástrofe no produjo víctimas y que se originó por una tormenta seca, no por la mano del hombre. Cuando un bosque muere por el fuego, se pierde algo que jamás puede recuperarse, por mucho que se invierta en las tareas de reforestación, y cuando es la mano del hombre la que está detrás del atentado medioambiental no se puede intervenir con condescendencia. Se trata de un delito y como tal debe ser castigado, sin paños calientes de ningún tipo. Es hora de reflexionar desde todas las instancias que sea preciso para ver qué se está haciendo mal, si la Ley flojea o es su aplicación lo que falla. Y, desde luego, qué se puede mejorar desde las administraciones competentes, tanto desde el terreno de una mayor vigilancia o una adecuada limpieza de los montes hasta la formación de quienes se juegan la vida apagando las llamas.