Más de cien imputados por cobrar el paro sin trabajar

Los tres empresarios imputados no tienen relación entre sí, tal y como confirman fuentes judiciales cercanas al caso. Eso sí, coincidían en el “modus operandi”. Daban de alta en sus sociedades a personas que les entregaban por ese falso trabajo una determinada cantidad —entre 200 y 400 euros—. Con esos contratos, los empleados podían acceder a prestaciones como el desempleo.
Una de las empresas sancionadas estaba radicada en Peal de Becerro. En teoría, su actividad era la fabricación y distribución de ropa. Aparentemente, todo era legal. Sin embargo, la Guardia Civil explica que esa sociedad no tenía actividad alguna. Carecía de sede y jamás se había llevado contabilidad alguna. Es más, los agentes del Instituto Armado no encontraron ni una sola factura. De hecho, todo hace indicar que fue creada expresamente hace unos años para contratar a personas que, posteriormente, no desempeñaban labor alguna. Han sido imputados 41 falsos empleados por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Las otras dos empresas estaban radicadas en Mengíbar y se dedicaban a lavado manual de vehículos. Aquí sí que se desarrollaba cierta actividad laboral. No obstante, no había tanto trabajo como para haber contratado a decenas de personas. Sobre todo, teniendo en cuenta las modestas instalaciones con las que contaban ambas sociedades. Ese aspecto llamó la atención de los inspectores y de los agentes de la Guardia Civil. Unas investigación a fondo permitió descubrir que los contratos eran simulados, es decir, esos empleados jamás lavaron un coche. Además, duraban el mínimo imprescindible para generar las correspondientes prestaciones por desempleo. En estos casos, han sido imputados 67 falsos trabajadores.
En los tres sociedades sancionadas, los empresarios no cotizaban a la Seguridad Social por estos empleados, pero sí que percibían cantidades de dinero de estas personas. De hecho, muchos de estos los miembros de estas plantillas fantasma habían acudido a ellos por su situación de necesidad. Muchos se habían enterado por el boca a boca de que los emprendedores ahora imputados podían “arreglarles los papeles” para alcanzar la cotización necesaria y cobrar el desempleo. Los empresarios se presentaban ante ellos como sus “salvadores” y les hacían los contratos como favor. Para los falsos trabajadores, sus jefes eran unos “santos”. Una percepción que ha servido a los agentes de la Guardia Civil para bautizar esta macroperación contra el fraude.