Más construcción, más empleo
Desde Obama, hasta Berlusconi, pasando por nuestros gobernantes, la obsesión de todos ellos parece ser el control del déficit público mediante políticas de austeridad a todos los niveles, olvidando la verdadera razón de la política económica. Y es que los árboles no nos dejan ver el bosque.
El objetivo de las políticas ha de ser lo que afecta a los ciudadanos y que sufren más de cuatro millones de personas, que es la creación de empleo. Estamos padeciendo una crisis con orígenes diversos pero con una repercusión fatídica para nuestra economía provincial como es el desempleo. No podemos pensar en un crecimiento económico, simplemente controlando el déficit público, sin dirigirnos a paliar el problema de las familias que padecen una situación de desempleo, en muchos casos estructural. El sector de la construcción ha demostrado ser uno de los sectores con más capacidad de generar empleo. Desde albañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros o cristaleros, la crisis se ha cebado con miles de empleos en este sector. Así, medidas orientadas al estímulo de la construcción provocarían un incremento del empleo, y por ende del consumo, de la inversión y, por tanto, de la economía. Con este objetivo, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó una medida dirigida directamente a este sector, mediante la rebaja del IVA en la compra de la vivienda nueva, pasando del 8% al tipo superreducido del 4%. Pero, ¿realmente esta medida contribuirá al aumento del empleo? ¿A quién beneficia? ¿A consumidores o a banca y promotoras? Obviamente el precio disminuirá, pues esta rebaja supone un ahorro de 4.000 por cada 100.000 euros de compra de una vivienda, pero solo en caso de ser nueva, pues si hablamos de una segunda transmisión, el impuesto a aplicar no sería el IVA, sino el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de carácter autonómico y en la actualidad al 7%. Hoy día existe un gran stock de viviendas pendientes de vender, en muchos casos en manos de entidades financieras que han tenido que adjudicar los inmuebles ejecutando las garantías por impago de promotoras y familias. Sin embargo, en los casos en los que la entidad financiera actúa como parte vendedora, el impuesto a aplicar a la transacción sería el de Transmisiones Patrimoniales, el 7%, por ser una segunda transmisión. De esta manera, el ahorro para el consumidor no es tal. Esta medida sería más eficaz si fuera acompañada de una reducción del Impuesto autonómico de Transmisiones Patrimoniales, difícil tarea si consideramos que no están las autonomías como para rebajas tributarias. No obstante, podemos pensar que la disminución del precio de la vivienda nueva pueda empujar la rebaja del precio en las viviendas de segunda transmisión. Por tanto, si no afecta tanto al consumidor, seamos optimistas en cuanto al empleo, aunque es difícil si pensamos que una medida con fecha de caducidad el 31 de diciembre pueda crear nuevas promociones que generen el suficiente empleo.
Rafael Peralta es economista