Lucha por la prescripción enfermera
Desconcertados, preocupados y con ganas de luchar para evitar lo que puede convertirse en un “caos asistencial” en los centros sanitarios. Así se sienten los más de 3.800 enfermeros de la provincia de Jaén, que no dan crédito a la decisión del Gobierno central de retirar la facultad de prescripción enfermera, que poseen desde 2009 de manera legal. Ese mismo año, Andalucía aprobó la norma pionera para habilitar a estos profesionales a poder recetar productos sanitarios y medicamentos que no requieren de la autorización del doctor, como el paracetamol. También se dio el visto bueno a las recetas “colaborativas”, como podría suceder con los tratamientos en los cuidados paliativos, por ejemplo. Estas facultades dejarán de ser “legales” cuando entre en vigor la flamante normativa. El presidente del colegio que los representa, José Francisco Lendínez, y el secretario del sindicato Satse, José Jesús García, fueron los encargados de dar voz a esos profesionales, en una comparecencia que se hizo de forma simultánea en 52 provincias. Y es que, como alertaron, el problema que se puede generar es grave.
El nuevo Real Decreto de Prescripción Enfermera aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy dictamina: “No podrán usar ni indicar a sus pacientes medicamentos sujetos a prescripción sin la previa receta del médico”. Es el caso, por ejemplo, de las vacunas, lo que conllevará una peor atención a los jiennenses —más esperas, más consultas y más gestiones—, tal y como explicó Lendínez.
Lo que más les sorprende es que la decisión del Ministerio de Sanidad, que pasó por Consejo de Ministros, se hizo “a espaldas” del sector y “en el último momento”. “La implantación del real decreto supondrá el caos y la parálisis en los centros sanitarios”, aseguró el presidente del Colegio de Enfermería de Jaén. Lendínez explicó que la norma, que todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, se aplicará a prácticamente todos los ámbitos en los que desempeñan su trabajo. No podrán facilitar medicamentos en los hospitales, en los centros de atención primaria, ambulancias, residencias y servicios de salud laboral. Por citar algunos ejemplos prácticos, afectará cuando las matronas atienden un parto de forma autónoma, cuando utilizan cremas —algunas de ellas consideradas medicamentos sujetos a prescripción médica— para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión, o cuando regulan la medicación a los pacientes crónicos en las consultas en el caso de los diabéticos o anticoagulado. Sin olvidar aquellos espacios, como las residencias de mayores, que no disponen de médico y son los enfermeros los que se encargan de prescribir algún fármaco, dentro de sus competencias.
Pero no solo eso, Lendínez y García informaron de que una vez entre en vigor la norma, estos sanitarios deberán modificar su manera de proceder o, de lo contrario, se comportarán de forma contraria a la ley y de su propio Código Deontológico. De no hacerlo, supondría asumir una responsabilidad que no le corresponde —delito de intrusismo profesional—, algo que, además, no lo cubre la póliza de responsabilidad civil.
Para evitar que la medida entre en vigor, ambos colectivos se afanarán en dar a conocer la situación de “caos organizativo” que se puede derivar. Harán jornadas de responsabilidad civil en todos los centros para que los trabajadores sepan las consecuencias de no acatarla.