Los trabajadores griegos en huelga rechazan las demandas del FMI y la UE

La Policía ha empleado gases lacrimógenos contra un grupo de  manifestantes encapuchados que esaban tirando cócteles molotov,  piedras y botellas en el centro de Atenas. Según la Policía, dos  agentes han resultado heridos en altercados y tres manifestantes han  sido arrestados. El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, ha señalado que en  los próximos días habrá que decidir si se aceptan o no las demandas  de los prestamistas --la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y  el Fondo Monetario Internacional-- y ha advertido de que está en  juego la permanencia de Grecia en el euro. Venizelos ha dicho que, para evitar el impago, Grecia no tiene  otra opción que aceptar las duras condiciones ligadas al nuevo  paquete de rescate, valorado en 130.000 millones de euros, y el plan  para reducir su gran deuda. La votación en el Parlamento sobre las nuevas medidas de  austeridad se celebrará el domingo o el lunes, y el ministro ha  señalado que la semana que viene habrá que decidir si Grecia acepta  las condiciones y permanece en la zona euro o las rechaza y afronta  sola tiempos más duros. "Ha llegado el momento de que tomemos una decisión", ha declarado  Venizelos en Bruselas después de que los ministros de Finanzas de los  países de la eurozona se negaran a aprobar de forma inmediata el plan  de rescate. "Lamentablemente, tenemos que elegir entre unos  sacrificios y otros sacrificios aún mayores", ha admitido. Venizelos ha insistido en que si Grecia quiere continuar usando el  euro como moneda y seguir "dentro de Europa, hay que hacer lo que  haya que hacer para aprobar el programa" de austeridad "y para que el  PSI se complete a tiempo, antes de (...) marzo", cuando vencen 14.500  millones de euros de deuda. PSI son las siglas de Private Sector Involvement, el programa de  reestructuración que prevé una condonación del 50 por ciento de la  deuda de Grecia por parte de acreedores privados. Los recelosos ministros de la zona euro han dado a Atenas un plazo  de seis días para demostrar su compromiso con las reformas aprobando  una serie de leyes, haciendo un ahorro de otros 325 millones de euros  y garantizando que el programa se mantendrá tras las elecciones, que  podrían celebrarse en abril. El plan incluye una reducción del 22 por ciento en el salario  mínimo, la eliminación de 150.000 puestos de trabajo en el sector  público y la disminución de las pensiones.