Los trabajadores de las Cámaras agrarias recurren sus despidos

Un no colectivo es lo que se ha encontrado la Junta de Andalucía ante su decisión de despedir a los trabajadores de las Cámaras agrarias de la provincia. Es una docena de personas que ha decidido recurrir la decisión, que llegó a finales de septiembre y que implica el sellado de las oficinas y la entrega de una indemnización por el cese en el empleo que, para los afectados, es insuficiente. El abogado que representa los intereses de estos trabajadores, el cordobés José María Muriel, aclara que el primer paso es presentar alegaciones contra esta decisión del Gobierno andaluz ante las consejerías de Agricultura y Empleo.
Llegado el caso, si no se logra una solución que les satisfaga, se recurrirá a los tribunales para que sea la Justicia laboral la que dicte la última palabra, aclara el letrado. Las nueve oficinas existentes en la provincia se repartían entre Jaén, Baeza, Castillo de Locubín, Frailes, Lahiguera, Pozo Alcón, Valdepeñas, Torredonjimeno y Úbeda. Las Cámaras sustituyeron a las antiguas hermandades de labradores y surgieron, hace casi un siglo, para convertirse en un órgano de representación de los trabajadores del campo y auxiliarlos en todos aquellos trámites derivados de su profesión. Con el nacimiento de las organizaciones agrarias, el papel de las Cámaras cada vez era más testimonial e, incluso, dejaron de tener entre sus empleados a los guardas de campo, al asumir estas labores de vigilancia los ayuntamientos. La Junta también se quedó con otras de las misiones, con lo que estas entidades eran casi inservibles. El Gobierno autonómico se remite a la respuesta parlamentaria, a requerimiento del Partido Popular, de la consejera Clara Aguilera, para aclarar la postura de la Administración andaluza sobre esta cuestión. Aguilera afirmó que estas instituciones, según sus palabras, recogidas por agencias, “se deberían haber liquidado hace un año”. En este tiempo se intentó, como precisó la política, que los trabajadores pasaran a formar parte de las organizaciones profesionales agrarias, con el patrimonio de las Cámaras, que se les entrega dentro del proceso liquidador. Se aprobó un expediente regulador de empleo que afecta a los sesenta y ocho empleados de Andalucía —media docena de Jaén— que todavía cobraban de las Cámaras.  José Rodríguez Cámara / Jaén