Los pobres siempre pierden
El aguacero al que me asomo empuja a escribir desde la melancolía, a la espera de la primavera. Pero aplazo la poesía para dentro de un mes; hoy me limito a 'tomar prestado' el título a uno de mis dos poetas de cabecera: asturiano el difunto Ángel González, galduriense el vivo, insobornable Manuel Ruiz Amezcua. Su lectura me remonta a la época en que uno imaginaba que ser alcalde o concejal en un pueblo pudiera servir de algo a tus votantes y, por extensión, al conjunto de los ciudadanos.
Hubo entonces una brecha por la que se empezó a “colar” la prestación de servicios sociales a la gente más necesitada, más allá de la humillante “caridad cristiana”, tan pregonada desde los púlpitos como pisoteada en los esplendores y brillos vaticanos. Al amparo de la nueva Ley de Bases de Régimen Local, los Ayuntamientos pasaron a tener competencias en materias clave como la salubridad pública, atención primaria, reinserción social, lo que se denominaba “servicios sociales”. A ello se unía la participación activa del municipio a la hora de crear centros educativos, mantenerlos y adecentarlos, junto a la vigilancia de la escolaridad obligatoria y la capacidad para intervenir en promoción de la mujer, vivienda o sanidad. Esa “revolución”, legal y silenciosa, está en el origen de la mayor calidad de vida, especialmente en el medio rural desde el que opino. También explica el visible aumento del personal ligado a la administración, en su doble cara: muchas nuevas prestaciones y ayudas a los estratos más desfavorecidos por una parte, incremento del déficit presupuestario municipal en el reverso de la moneda. ¿El balance? Vivir hoy en Albanchez de Mágina, Vilches o Huesa poco tiene que ver con la marginación social existente en los años 60 o 70, por más que muchos altos dignatarios desconozcan de manera absoluta esa realidad, ocupados en ultimar comuniones dignas de “El Padrino”. Un ejemplo: en el ejercicio 2010-2011 los servicios sociales municipales sumaron 1.300 millones de euros, atendiendo a siete millones de personas, sobre todo en la ayuda a domicilio. ¿Mi inquietud y desasosiego? La reforma de la Administración Local, diseñada desde Moncloa, transfiere la competencia exclusiva de los servicios sociales a las comunidades autónomas, sin establecer en paralelo una financiación que las haga viables. Con el agua al cuello por el creciente déficit y la débil recaudación, las autonomías acabarán liquidando servicios y prestaciones sociales o privatizando la gestión. Se partirá así por la mitad el contacto entre los Ayuntamientos y la ciudadanía. ¿Quién ganará con ello? Los de siempre. Pierden los que dan título a este artículo. También miles de alcaldes, de concejales de Asuntos Sociales, impotentes ante una desigualdad de proporciones “marroquíes”.
Francisco Zaragoza es escritor