Los peritos de Hacienda ponen contra las cuerdas a los acusados
Enrique F. I. contuvo la respiración cuando vio entrar a los tres inspectores de la Agencia Tributaria en la sala de vistas de la Audiencia. Se incorporó levemente sobre el respaldo de la silla que sirve como banquillo de los acusados y fijó la mirada a su derecha. Vio cómo Lucas León, Luis Manuel Pérez y Antonio María Elorza sacaban de los portafolios sus informes. “Puede interrogar a los peritos”, dijo, entonces, el presidente del tribunal, Pío Aguirre, al fiscal del caso “Lucerna”, Juan Muñoz Cuesta. Y, a partir de ese momento, lo que se escuchó en la sala puso contra las cuerdas a los acusados de defraudar casi 900.000 euros a Hacienda. Los tres técnicos dieron por sentada la existencia de un entramado empresarial, organizado con el único fin de generar “un IVA artificial” con operaciones de compra y venta de aceite que, simplemente, solo existían sobre el papel. Los especialistas hablaron de que las empresas gestionadas, de hecho o de derecho, por los dos supuestos cabecillas, Enrique F. I y el italiano Calogero A., conformaban varios circuitos comerciales ficticios por los que hacían circular las partidas de lampante exportado del país transalpino.
Durante casi tres horas de declaración, los peritos de la Agencia Tributaria explicaron cuál era el “modus operandi” empleado para defraudar al fisco y pusieron como ejemplo uno de esos “circuitos documentales, que no reales”. El aceite salía de Italia, en concreto, de la empresa Isova, vinculada a la familia de Calogero A. En principio, debía llevarse a Mengíbar, donde Enrique F. I. tenía ubicadas algunas de sus sociedades y una refinería, en la se mezclaba. Esta primera operación es intracomunitaria, por lo que está exenta del pago del IVA. Desde Jaén, era revendido “a pérdidas” a la firma Cosmoliva, también propiedad de Calogero. Aquí ya sí es necesario pagar el impuesto que, efectivamente, era satisfecho por el empresario italiano. Lo que ocurre es que después pedía su devolución a la Agencia Tributaria y, presuntamente, se lo repartía con el propio Enrique F. I. Ahí es donde las acusaciones ven el fraude.
¿Cómo hacía el empresario jiennense para devengar ese IVA? A través de otra empresa, Olesur, cuyo administrador único es, para los investigadores, “un hombre de paja”. Se trata de un ciudadano polaco, que está en paradero desconocido y que, curiosamente, tenía como último domicilio un piso en el Bulevar que era propiedad de otra sociedad de Enrique F. I. Según los peritos, esta mercantil fantasma “simuló” operaciones como proveedor del aceitero jiennense, solo para proporcionarle facturas que le evitaran tener que pagar el IVA generado en los anteriores circuitos. A finales de 2008, le facturó por valor de unos 15 millones de euros. “A nuestro juicio, Enrique Fuentes era el administrador de Olesur”, dijeron, con contundencia, los especialistas de Hacienda.
Descritos los “circuitos comerciales ficticios”, los inspectores de la Agencia Tributaria explicaron al tribunal cómo llegaron a estas conclusiones. “Pensamos que el aceite no pasaba nunca por Mengíbar, sino que iba directamente desde Italia a las instalaciones de la empresa Cosmoliva —la de Calogero— o a sus clientes”, sostuvieron.
Durante meses, los técnicos han analizado todas y cada una de las 211 operaciones de compra y venta e hicieron un seguimiento al aceite. Comprobaron que los albaranes de entrada y salida de la mercancía tenían la misma fecha, que siempre eran los mismos kilos de producto y que coincidían los números de matrícula de los camiones cisternas que salían de Italia y que entregaban la mercancía a la última empresa del circuito, Cosmoliva: “Llegamos a la conclusión de que el aceite no pasaba por las instalaciones de Enrique F. I.”, señalaron, una y otra vez los peritos, con lo que confirman que las operaciones eran simuladas.
Pero es que, además, fueron más allá y pusieron sobre la mesa lo que llamaron “una prueba de comprobación”. Se trata de un lápiz de memoria hallado por la Guardia Civil durante el registro de la refinería de Mengíbar que era propiedad de Enrique F. I., realizado en febrero de 2012, cuando estalló la operación “Lucerna”. Contenía un documento en el que se recogía cómo debía “repartirse” el IVA entre las sociedades del empresario jiennense y las vinculadas a Calogero A., tal y como explicaron los inspectores de Hacienda. Los agentes de la UCO también encontraron en ese registro de la refinería de Mengíbar sellos y matrices de albaranes y facturas de la sociedad Olesur —cuyo propietario era el ciudadano polaco que está en paradero desconocido, que jamás ha presentado una declaración de IRPF y que no pudo ser localizado por la Agencia Tributaria para que pagara una multa de Tráfico de 200 euros—.
Durante todo el tiempo que duró la declaración de los peritos, Enrique F. I. apenas movió un músculo. Intercambió algunas breves conversaciones con el que fue su abogado, Enrique G. R., también imputado en esta causa como presunto autor de un delito de alzamiento de bienes. Según las acusaciones, simuló una minuta con la que evitó que Hacienda le embargara una casa a su cliente. Por estos hechos, también están acusados el hijo del aceitero jiennense y su exnuera. Todos vieron cómo Lucas León, Luis Manuel Pérez y Antonio María Elorza volvían a meter sus papeles en los portafolios y enfilaban la puerta de salida de la Audiencia. Entonces, el presidente del tribunal ordenó un receso de quince minutos. Enrique F. I. se levantó y, con paso pausado, salió al pasillo. Su cara, blanca y desencajada, lo decía todo.