Los menores de 29 años recibirán ofertas de empleo en seis meses
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el acuerdo de aplicación y coordinación del Sistema Andaluz de Garantía Juvenil (SAGJ), que comenzó a desarrollarse en abril de 2014 para facilitar a los jóvenes desempleados un modelo integral de ofertas de empleo, educación continua y formación en prácticas.
El acuerdo establece un plazo inicial de seis meses (cuatro a partir de 2020) para que los jóvenes menores de 25 años inscritos voluntariamente en el SAGJ reciban una oferta de empleo, educación continua y formación de prácticas.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha explicado que, actualmente, más 28.000 personas están ya registradas en el sistema y que Andalucía es la comunidad española que más avanzada tiene la implantación de esta iniciativa, propuesta por la Unión Europea en 2013.
Desde su puesta en marcha a través del Programa Emple@Joven, el SAGJ ha propiciado casi 46.000 contratos para el colectivo de personas desempleadas menores de 29 años, uno de los más castigados por la crisis económica. El acuerdo aprobado este martes supone la fase de consolidación del SAGJ, que inicialmente dispondrá de 323,43 millones para nuevos proyectos, con una financiación del 90 por ciento por parte del Programa Operativo de Empleo Juvenil de la Unión Europea.
Las dos principales novedades previstas en esta etapa son el diseño de planes integrales de inserción y la puesta en marcha de una línea de prácticas de movilidad internacional.
En relación con los nuevos planes integrales de inserción, el acuerdo los define como un conjunto de acciones formativas y prácticas profesionales de dos años de duración, según ha expuesto el consejero. Se desarrollarán en zonas de actuación previamente definidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a partir de la identificación de los territorios con mayor número de jóvenes sin ocupación y sin estudios, en estrecha conexión con el tejido productivo local y sus sectores económicos emergentes (al menos la mitad de las personas participantes deberán realizar las prácticas en empresas de la comarca).
Los planes se articularán a partir de convocatorias de incentivos a entidades especializadas, en las que se valorará especialmente la colaboración que acrediten con ayuntamientos, empresas y ONG locales.