Los mareos tranviarios
El sonido que anunciaba sus paradas queda demasiado lejano en el tiempo. La basura que se acumula en sus raíles, los “runners” que se ejercitan sobre su césped o los coches estacionados, a mediodía, a la salida del colegio sobre el adoquinado que se habilitó a lo largo de su trazado, en el Paseo de la Estación, son la imagen de un olvido que la ciudadanía ya ha interiorizado.
Con la “ruina” que pesa sobre el Ayuntamiento, ante la incertidumbre constante de si sus arcas podrán seguir costeando servicios municipales básicos o las nóminas de los trabajadores, y con unos barrios que padecen de forma directa esa incapacidad de la Administración local, el tranvía ha quedado en un segundo plano en el debate político y social. Sin embargo, que no se hable de él no significa que ese lagarto eléctrico que lleva tres años condenado al letargo en las cocheras de Vaciacostales no exista y, mucho menos, que sus efectos económicos —y los quebraderos de cabeza que se derivan de ellos— se hayan diluido.
En los últimos meses, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 1 y 3 de Jaén fallaron, hasta en tres ocasiones, a favor del Grupo RMD Seguridad, S. L., condenando al Ayuntamiento a abonarle 102.136,03 euros por la vigilancia que realizó, durante 2012, del sistema tranviario. Estuvo garantizando su seguridad durante diez meses hasta que, en marzo de 2013, “se vio en la necesidad de dejar de prestarla como consecuencia del impago continuado de las facturas que, a 31 de diciembre del año anterior, ascendían a 128.194,34 euros”. Todavía queda pendiente la celebración de un cuarto juicio, que está fijado para marzo del próximo año, pero, con la Justicia de su parte, y con “sentencias condenatorias que son firmes”, la “indignación” de la empresa es mayúscula. “Los autos de ejecución dan [al Ayuntamiento] 10 días de plazo para que cumpla con el pago y sigue sin hacerlo”, informa el grupo en un comunicado remitido a esta Redacción, en el que se queja de que el argumento municipal para no acatar las sentencias sea que no tiene dinero y denuncia que la Administración local está “asfixiando” con este proceder a las pequeñas y medianas empresas. Presa de la impotencia, RMD Seguridad S. L. subraya las “irregularidades” que, supuestamente, estaría cometiendo el Ayuntamiento como consecuencia de una evidente falta de liquidez para atender los pagos más básicos.
Haciéndose eco del escrito que el edil de Hacienda, Miguel Contreras, remitió a los juzgados, el 23 de abril, el grupo de vigilancia destaca: “Reconoce que, a partir de los planes de pago a proveedores, todas las deudas de los diferentes proveedores quedan pendientes, sin contabilizar y guardadas en los cajones del olvido, según las conclusiones del concejal, porque, de pagar las deudas, correrían peligro las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento. Pero no le importa —critica— que otros empleados de otras empresas a las que no pagan tengan que cerrar e irse al paro”.
Ante esta situación, el Grupo RMD Seguridad avanza que su departamento jurídico está “estudiando encauzar la situación por la vía penal”: “Con los datos facilitados por el propio Ayuntamiento, se entiende que están en una quiebra técnica y lo que tendría que hacer el Gobierno es actuar con la máxima premura e intervenir el Ayuntamiento para sanear las cuentas y pedir responsabilidades políticas, civiles y penales, para empezar a dar ejemplo de coherencia y buen hacer”.