Los letrados de oficio reclaman 700.000 euros

“Nosotros siempre trabajamos poniendo el dinero por adelanto”, asegura un profesional de la toga que lleva muchos años en la lista del turno de oficio. La situación para muchos de ellos se ha vuelto insostenible y, en los últimos años, se ha producido una desbandada de abogados que han abandonado las listas de justicia gratuita: “No nos merece la pena continuar”, explican.
Los letrados que realizan las guardias, es decir, las asistencias realizadas a los detenidos en los calabozos y en los juzgados, están prácticamente al día. La Junta “solo” les adeuda 156.000 euros correspondientes al último trimestre. “Es una situación, más o menos, aceptable”, explican fuentes del Colegio. El problema está en el llamado turno de oficio, esto es, en el resto de los trámites que se realizan con posterioridad a la detención. La deuda de la Administración autonómica asciende a más de 700.000 euros. La Junta les debe a los letrados el 89 por ciento del segundo trimestre y los dos últimos trimestres del año pasado al completo. El clamor y el malestar entre los más de 340 profesionales que prestan este servicio es tremendo.
Y es que, con estos retrasos en los pagos, la Administración autonómica incumple su propio reglamento. La Consejería de Gobernación y Justicia debe adelantar el 75 por ciento del dinero del turno de oficio en enero para que los Colegios repartan esa cantidad entre los abogados. Sin embargo, esa norma no se aplica nunca y el dinero siempre llega con demora.
Vicente Oya, el decano electo del Colegio de Abogados, pidió ayer una solución al problema. El nuevo responsable de la institución, que jurará su cargo el próximo 17 de febrero, aseguró que una de sus prioridades será mejorar las condiciones de los letrados del turno de oficio. Son muchos los abogados que han abandonado las listas de justicia gratuita por la precariedad y la cicatería con la que paga la Administración. Hay profesionales que han realizado decenas de asistencias durante el año pasado y que no han sido retribuidos con la “indemnización” ( se llama así dado que lo que se cobra está muy lejos de las tarifas del Colegio para los particulares). La Junta paga con 140 euros un día de guardia, en el que el abogado correspondiente puede asistir a varios arrestados. Esa misma cantidad cobra un abogado designado por un ciudadano para que lo atienda cuando está detenido.
Vicente Oya también desveló que la Administración autonómica debe al Colegio de Abogados unos 145.000 euros correspondientes a las infraestructuras del turno de oficio, es decir, los gastos que la institución soporta de organizar todo lo necesario para dar cobertura a los ciudadanos que necesitan la justicia gratuita: “Es un gasto al que está haciendo frente el Colegio”, insiste. Rafael Abolafia / Jaén