Los juicios rápidos reducen un 10 por ciento

Durante su intervención en la comisión, García Calderón se ha  referido a la evolución de la criminalidad en la comunidad autónoma y  ha valorado el "importante" descenso en la incoación de diligencias  previas, una "rebaja" que, según ha subrayado, "supone un descenso en  el número de asuntos, pero no una menor carga de trabajo, porque ese  descenso cuantitativo queda compensado con la existencia de  investigaciones de mayor complejidad". 

Al hilo de ello, el fiscal superior ha explicado que este descenso  es consecuencia de "múltiples" factores, como la mejora en los  criterios de registro y en las aplicaciones informáticas, y a la  incidencia menor de casos producida por el "buen" uso de instrumentos  como el sistema de enjuiciamientos rápidos, que "provocan una enorme  efectividad en la 

solución de procedimientos por delitos de naturaleza menor". 

Tras hacer mención al "problema" de la ejecución de las sentencias  penales existente en la región andaluza, ha reseñado que todos los  procedimientos incoados por la Fiscalía han descendido a excepción de  los procedimientos ante el tribunal del jurado, "que suben a  consecuencia de los criterios que el Tribunal Supremo estableció en  2010" acerca de la conexión de delitos, criterio que llevó finalmente  a decidir que el caso Marta del Castillo sea enjuiciado por un  tribunal profesional. 

García Calderón, que ha destacado la importancia de contar con un  nuevo código procesal penal, ha hecho mención igualmente a los  elementos "novedosos" que presentan campos como el crimen organizado  y, más en concreto, la problemática de las pateras que llegan a las  costas andaluzas, "donde prácticamente han desaparecido los  magrebíes, siendo sustituidos por ciudadanos subsaharianos". Además,  ha llamado la atención sobre la importancia de perseguir el fraude en  una situación de crisis económica como la actual. 

LA FISCALIA CUENTA CON EL 8% DE LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA

Tras ello, ha lamentado la escasez de recursos humanos y  materiales, señalando que la plantilla auxiliar del Ministerio  Público "es notoriamente insuficiente", ya que sólo cuenta con el  ocho por ciento de los funcionarios de la Administración de Justicia,  aunque ha dicho que "no se trata de un problema endémico de  Andalucía, sino que se extiende por todo el Estado". "Hacen falta más  funcionarios, y a ser posibles más funcionarios especializados", ha  apostillado. 

Al hilo de ello, Jesús García Calderón se ha referido en concreto  a las "carencias" con las que cuenta la Fiscalía Superior de  Andalucía, "ya que no tenemos una plantilla propia" y falta una  unidad de apoyo, ya que sólo existe un funcionario de refuerzo para  tareas informáticas, lo cual, a su juicio, "impide y limita  enormemente la capacidad de actuar del fiscal superior de Andalucía". 

A ello se suma, según ha añadido, que la Fiscalía no cuenta con  una singularización presupuestaria a la que alude el estatuto  orgánico del Ministerio Fiscal, y tampoco con un gabinete de  comunicación. "Estas carencias siguen existiendo, y esperamos que  sean resueltas lo más pronto posible", ha agregado García Calderón,  quien ha aseverado que el Ministerio Público "es consciente del  déficit presupuestario existente". 

DEFICIT PRESUPUESTARIO

"Somos consciente de ello y tradicionalmente hemos sido austeros",  según ha subrayado el fiscal superior de Andalucía, quien ha puesto  de manifiesto que "el tono monocorde" empleado por él mismo "viene  impuesto por las circunstancias, pues aunque el déficit es  importante, es importante que se atiendan nuestras peticiones en la  medida de lo posible". 

De su lado, la parlamentaria del PP Rosalía Espinosa ha recordado  que en el año 2008 "ya teníamos la necesidad de dotar a la Fiscalía  Superior y a las provinciales de los medios necesarios", pero sin  embargo en el año 2009 y sucesivos "la unidad de apoyo al fiscal no  existió, ni tampoco un presupuesto singularizado", lo que "es como  querer restarle su independencia y capacidad de maniobra". 

Tras criticar que todo ello supone "una situación de desvergüenza  política increíble y de muy poco respeto al Estado de Derecho", la  parlamentaria popular se ha referido también al "gravísimo" problema  de la ejecución de sentencias. "Los únicos cambios en la relación de  la Junta con la Fiscalía han sido los cambios de consejero, hasta  cuatro", ha añadido, asegurando que, desde el PP, "estaremos muy  vigilantes para ver si el consejero, Francisco Menacho, cumple alguna  de sus promesas".

UBICACION DE LA FISCALIA SUPERIOR 

Por su parte, la portavoz del PSOE en la comisión de Gobernación y  Justicia, Pilar Navarro, ha apostado por el desarrollo de una oficina  fiscal y ha aludido a la demanda, tanto de personal como de medios  materiales, realizada por el fiscal superior de Andalucía, señalando  el "esfuerzo importante y razonable, aunque probablemente mejorable,"  de la Junta de Andalucía para intentar paliar esta situación. 

Tras señalar que el espacio donde se ubicará la Fiscalía Superior  está pendiente de que el Ayuntamiento de Granada otorgue la licencia  de obra y así poder comenzar las obras en el edificio del Banco de  España, Navarro ha asegurado, respecto a la "singularización"  presupuestaria planteada respecto a la Fiscalía Superior, que la  Junta ya ha elevado esta petición a la Dirección General de  Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,  recordando además que no todas las comunidades autónomas poseen esta  "singularización". 

Sobre este particular, García Calderón ha valorado que el Banco de  España sería una "magnífica" sede para que la Fiscalía contara con un  perfil institucional "adecuado", aunque ha puesto de manifiesto que  su departamento es "ajeno" al problema de la tramitación de la  licencia de obra. Por último, se ha referido al caso de los bebés  robados, una cuestión que "preocupa" a la Fiscalía Superior y que  requiere de la "estrecha" colaboración entre la Fiscalía y las  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

NIÑOS ROBADOS

En esta línea, ha aseverado que se trata de un problema "con  múltiples aristas que a todos interesa que se resuelva", tras lo que  ha apostado por extender la praxis policial desarrollada en la  provincia de Cádiz a los procesos abiertos en toda la comunidad  autónoma andaluza. "Hay que intentar todo lo humanamente posible para  que se haga Justicia", ha sentenciado.