06 oct 2015 / 11:12 H.
Imaginemos que se modificase la Constitución para que los ejes fundamentales del desarrollo y bienestar fueran una cuestión de Estado. Pensemos que Salud, Educación e Infraestructuras tuviesen unas líneas de actuación y diseño al margen de inquilinos en Moncloa o San Telmo. Además del ahorro económico, estaríamos salvaguardando los ejes fundamentales para el futuro del Estado. No es de recibo, mucho menos de justicia, que cada legislatura signifique un giro radical en el diseño de lo esencial. No puede ser que según el ideario u origen de los gobernantes, la educación tenga un plan cada 4 años, la salud deje de ser pública para convertirse en concertada o privada, y las infraestructuras se paren en un territorio para desarrollarse en otro. Si nuestros políticos, gobiernen o no, fueran sensatos nada de esto pasaría; pero reconocida su insensatez sería justo pedir que la Carta Magna incluyes artículos, de obligado cumplimiento, para que España tenga Planes Estatales de Desarrollo en los ámbitos citados. Así dejarían los partidos de prometer y prometer cada periodo electoral, sabiendo de antemano que lo prometido es una mera patraña. Conseguiríamos que las bases elementales de toda sociedad estuviesen salvaguardadas, a la vez que un ahorro de miles de millones. No puede ser que por contentar a todos se ofrezca todo, que para mantener la paz social se comiencen obras que serán paradas casi de inmediato, o lo peor, infraestructuras innecesarias o mesiánicas para mero contento de las constructoras, o sea el capital financiero. Si estuviesen regulados los aeropuertos no tendríamos el esperpento y despilfarro de Castellón, Ciudad Real y algunos más. Ni tendríamos que echarnos a la espalda de todos el déficit anacrónico de autopistas como las radiales de Madrid o la de Vera a Cartagena. Ni el diseño de redes hospitalarias en manos privadas y financiadas con el dinero de todos. Claro está, para esto habría que establecer consensos y dejarse llevar por el asesoramiento de los técnicos, y claro, no están los políticos por la labor de perder parte de su poder.