Los dueños de las viviendas precintadas en Bailén se reúnen este martes con PP, AIB e IU

si bien, la Institución municipal ya ha  instado a derruir una vivienda a su propietaria acogiéndose a un  expediente de restauración de la legalidad, después de que fuera  precintada, junto a otras seis, hace algo más de 20 días.
De esta forma, en declaraciones a Europa Press, la secretaria de  la Asociación de vecinos El Charco de la Gallina, María Teresa  Márquez, ha señalado que "no se van a quedar de brazos cruzados con  siete viviendas precintadas" y ha criticado que la alcaldesa del  municipio, Simona Villar (PSOE), haya "declinado la petición de los  vecinos" para reunirse y encontrar "una solución satisfactoria para  ambas partes".
Asimismo, Márquez ha manifestado que su propósito es el de pedir a  los distintos grupos políticos locales la convocatoria de "un pleno  extraordinario en el que se apruebe la paralización cautelar de los  expedientes de orden urbanístico hasta que la Audiencia se  pronuncie", ya que, ante el dictamen del pasado 20 de julio del  Juzgado número 2 de Linares referido a precintar las viviendas,  "todos los vecinos presentaron recurso".
De otro lado, como ha comentado la vecina de El Charco de la  Gallina, la alcaldesa "ha convocado una reunión para este jueves a la  que ha invitado a un total de 40 familias afectadas por precintos de  viviendas" en Bailén. Ante esto, Márquez ha aseverado que si Villar  "no da una solución, que presente su dimisión porque, de no ser así,  la vamos a pedir nosotros en la calle", reiterando que "no nos vamos  a quedar de brazos cruzados".
Cabe recordar que el Consistorio bailenense ha instado a la  propietaria de una de las siete viviendas precintadas en El Charco de  la Gallina, todas ellas segunda vivienda a excepción de una, a que el  inmueble sea "derribado en un período inferior a dos meses", pues, de  no ser así, según asegura la vecina de Bailén que figura en el  escrito enviado por el Consistorio, se le exigiría "pagar  mensualmente un total de 600 euros como sanción y sería pasados 12  meses, si no se ha derruido, cuando lo haría el Ayuntamiento".