Los diputados regionales y ex alcaldes imputados conocerán en unas semanas si el TSJM les investiga

  Garzón acordó el pasado 5 de marzo pasar la causa al TSJM al  hallar indicios de criminalidad contra los parlamentarios regionales  Alberto López Viejo, Alfonso Bosh Tejedor y Benjamín Martín Vasco por  su vinculación con la red corrupta dirigida por Francisco Correa.  Garzón envió ayer al TSJM la causa.
El TSJM se pronunciará en breve sobre si investiga sólo a los  aforados o a la totalidad de los imputados, entre ellos cuatro ex  alcaldes de la Comunidad de Madrid y varios cargos municipales. En  cualquier caso, designará a un instructor para que siga investigando  los hechos.  La Sala de lo Civil y de lo Penal de este órgano está formada por  los magistrados Francisco Vieira (presidente del TSJM), Emilio  Fernández Castro, Antonio Pedrería y José Manuel Suárez Robledano.  Los magistrados deben designar ahora un ponente para el auto en el  que se debe aceptar o rechazar la inhibición del magistrado de la  Audiencia Nacional. Será un miembro de este mismo tribunal, en  función de las normas de reparto, excluyéndose a los presidentes de  los TSJ. Antes de dictar el auto, en el que se podrá aceptar la totalidad  de las investigaciones remitidas al TSJM o bien sólo una parte, la  Sala de lo Penal y de lo Civil, en cada caso, deberá pedir informe al  Ministerio Fiscal. Contra la resolución no cabrá recurso alguno, y  hasta que se produzca Garzón puede seguir instruyendo, según  precisaron a Europa Press las mismas fuentes. Una vez aceptada la causa, se designará un instructor -queda  excluido el presidente y el ponente del auto de admisión-, que será  el que se ponga al frente de las diligencias. El instructor podrá  pedir práctica de pruebas y tomar declaración a imputados y testigos.  Sobre los interrogatorios ya realizados por Baltasar Garzón, podrá  darlos por buenos o bien repetirlos.  Una vez finalice la investigación, el instructor dictará auto de  apertura de juicio oral o bien auto de archivo de la causa. Si  finalmente se procesa a personas aforadas, el caso será juzgado por  esta misma Sala de lo Penal y de lo Civil, de la que se excluirá al  instructor.