Los desahucios marcan un nuevo récord histórico debido a la crisis
Una de las vertientes más dramáticas de la crisis es la situación a la que se ven abocadas muchas familias. Tienen que abandonar sus casas de forma voluntaria o desalojadas por la fuerza porque no pueden hacer frente a las letras de las hipotecas. El año pasado, el problema alcanzó cotas hasta ahora desconocidas en la provincia: hubo 594 desahucios, una cifra récord.
Así se desprende de un informe del Consejo General del Poder Judicial que pone de relieve que la crisis económica castiga especialmente a los jiennenses. No en vano Jaén fue la provincia donde más crecieron los procedimientos de desahucio de toda Andalucía, con un incremento de casi el 90 por ciento con respecto al ejercicio 2010. Es verdad que estos procesos han subido en toda España, aunque la media nacional ha sido de un 22 por ciento.
Con las estadísticas oficiales en la mano, el año pasado 50 familias jiennenses perdieron su casa cada mes. Es decir, una comisión judicial se presentó en sus domicilios para ejecutar la orden de la Justicia de desalojarlos. A esa fría estadística también hay que añadir las 878 ejecuciones hipotecarias iniciadas en la provincia el año que viene. Esto es, procedimientos que inician los bancos y cajas contra los clientes que están imposibilitados para hacer frente a las letras y que pueden acabar en un futuro desahucio si no hay euros contantes y sonantes que lo solucionen.
Es un drama y representa uno de los efectos más inhumanos de una crisis que ha puesto a muchas economías domésticas al borde de la quiebra. Sobre todo en una provincia con más de 60.000 demandantes de empleo. El dato de los desalojos forzosos revela la magnitud de la recesión, sobre todo, porque la cifra se ha multiplicado por cuatro desde 2008. Cada año, ha marcado un récord histórico y, además, la tendencia sigue al alza.
Último recurso. Después del impago del primer recibo, la entidad financiera se dirige al usuario para descartar que se haya producido un descuido o un error. Con el abono de la cuota y, si corresponde, con los intereses de demora, se acabó el problema. No obstante, las alarmas suenan si el hipotecado acumula entre dos y cinco meses. Lo normal es recurrir al diálogo, intentar renegociar con el afectado. Sobre todo porque los bancos no tienen su negocio en el “ladrillo”. Sin embargo, si el ciudadano está pasando por una mala época, apenas tiene margen de maniobra, y a la entidad la única solución que le queda es comenzar el proceso de desahucio en los tribunales. Concluirá su “viacrucis” si paga. Si no puede reunir el dinero, tendrá que prepararse para recibir la visita de una comisión judicial. Rafael Abolafia / Jaén