Los chiringuitos son andaluces

A partir de esa fecha se abrirá una nueva etapa, que ambos  dirigentes esperan que sea "más satisfactoria" y "muy positiva" para  Andalucía. De hecho, Moreno ha asegurado, en una comparecencia ante  los medios tras la reunión de la comisión mixta de transferencias  celebrada en Málaga, que esta competencia, "de gran calado", se  ejercerá "dialogando y cooperando" con todos los sectores afectados.

"Vamos a ejercerla con diálogo, diálogo y diálogo", ha  apostillado, añadiendo que "se buscará siempre el equilibrio entre la  obligación de conservación y de preservar ese tesoro que es el  litoral y la actividad económica y el turismo".

Con la transferencia de esta competencia, prevista en el Estatuto  de Autonomía de Andalucía y cuyo coste efectivo es de 2.112.922 euros  y que supone el traspaso de 62 puestos de trabajo, como ha recordado  Chaves, la Junta deberá abordar la problemática de la ubicación de  los chiringuitos y la posible ampliación de los periodos de  concesiones de licencias.

Precisamente, la consejera de la Presidencia y portavoz del  Gobierno andaluz ha destacado la "importancia" que el sector de los  chiringuitos tiene para Andalucía y, especialmente, para la Costa del  Sol. Se trata, como ha dicho, de instalaciones "muy relevantes para  la Junta, singulares y que aportan personalidad al turismo andaluz".

Moreno ha afirmado que el deseo del Ejecutivo andaluz es "prestar  esta gestión del litoral con la mayor cercanía y sensibilidad hacia  este tipo de establecimientos", aunque ha asegurado que la Junta  "respetará la ley como la que más". La transferencia "no cambia" la  Ley de Costas, ha señalado al ser preguntada por las sanciones  interpuestas.

Por su parte, el vicepresidente tercero del Gobierno ha incidido  en que este traspaso era un "mandato" del Estatuto de Autonomía de  Andalucía para ambas administraciones, añadiendo que "se cumple el  Estatuto y la Constitución y es un paso en el fortalecimiento de  España y del Estado de las Autonomías".

REUNIONES

En este punto, Moreno ha informado de que en el mes de febrero,  una vez que termine la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se  celebra en Madrid del 19 al 23 de enero, tendrá lugar una primera  reunión entre las consejerías de Medio Ambiente y de Turismo,  Comercio y Deporte y la Federación Andaluza de Empresarios de Playas  para que conozcan "de primera mano" el contenido de esta  transferencia, pero sobre todo para iniciar una línea de trabajo "muy  compartida", que "garantice calidad, singularidad y seguridad  jurídica y estabilidad".

Posteriormente, se convocará la comisión mixta de seguimiento  formada por el Estado, el Gobierno andaluz y el sector y creada para  afrontar esta transferencia, con el objetivo de culminar dichos  trabajos. Al respecto, la consejera ha explicado que en este  encuentro de cierre se aportará información sobre la regularización o  no de los chiringuitos.

Según la representante del Gobierno andaluz, desde la creación de  la comisión mixta ha habido "un trabajo bastante intenso y se han  agilizado muchos problemas de alegalidad o de falta de regulación"  entre los chiringuitos, habiendo "bastantes avances y muchos más  expedientes regularizados".

PARQUE DE DOÑANA

Además, con esta transferencia se pone fin al contencioso que  mantienen la Junta y el Gobierno en relación con el deslinde del  Parque Nacional de Doñana, ha destacado Moreno, quien ha precisado  que las "diferencias" entre ambas administraciones eran "en la forma,  no en el fondo, porque estamos convencidos de que la protección tiene  que ser la máxima".

En este sentido, ha indicado que esta transferencia permitirá a la  Junta "compartir la gestión" y firmar en las próximas semanas un  convenio con la Administración del Estado para "eliminar cualquier  diferencia en este sentido".

Se abre, por tanto, según Moreno, "un periodo nuevo de  colaboración muy interesante para trabajar dentro de un mismo  paraguas competencial y alcanzar el máximo nivel de protección de uno  de los parajes más singulares de Europa y del mundo y que queremos  conservar como una joya de nuestro patrimonio ambiental".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Administración  Pública ha resaltado la necesidad de que haya "una gestión integral,  global", del Parque Nacional de Doñana, que se producirá a través de  este organismo de coordinación entre los gobiernos nacional y  andaluz.

COMPETENCIAS DE LA JUNTA

Mediante este traspaso, el Ejecutivo autonómico será el encargado  de otorgar, de conformidad con la Ley de Costas, las autorizaciones y  concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, como  playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros  espacios costeros, tal y como ha explicado Moreno.

La Junta de Andalucía también regulará los usos de temporada en  las playas --por ejemplo, las relativas a zonas de baño y ocio-- y en  el mar territorial --de fondeo o pantalanes flotantes, entre  otros--.

De igual modo, se encargará de tramitar las autorizaciones para  otros usos que impliquen la ocupación o aprovechamiento del dominio  público marítimo-terrestre, tales como la realización de vertidos,  explotaciones de acuicultura, actividades que requieran instalaciones  desmontables durante un periodo superior a un año, explotaciones de  recursos mineros o energéticos, ejecución de obras fijas en el mar e  instalaciones menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.

El Gobierno andaluz también asume, en relación con estas  autorizaciones, la vigilancia, tramitación e imposición de las  sanciones que correspondan, así como la recaudación de las multas. Se  prevé, igualmente, la participación de la Comunidad Autónoma en la  planificación y programación de las obras de interés general, así  como en la gestión de las adscripciones al dominio público  marítimo-terrestre que se destinen a la construcción de nuevos  puertos y vías de transporte de titularidad autonómica o a la  ampliación o modificación de los existentes.

OBRAS DE INTERES GENERAL

En materia de inversiones en obras de interés general, se crea una  comisión bipartita para la planificación de estas obras. En este  sentido, la Junta podrá proponer la incorporación de proyectos de  inversiones en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del  Estado.

Con este acuerdo, Andalucía asume la mayor parte de los  expedientes que afectan a las autorizaciones y a las concesiones  sobre el dominio público marítimo-terrestre, estableciéndose los  adecuados mecanismos de coordinación con la Administración General  del Estado, titular de dicho dominio público.

En este punto, Moreno ha aclarado que el Estado "no puede  despojarse de sus obligaciones" con respecto al litoral, por tanto,  se reserva la última palabra y podrá aceptar o no las propuestas. Sin  embargo, ha subrayado que con esta transferencia los expedientes que  a priori no presenten problemas "irán con mayor agilidad y con muchas  más garantías" y si hay algún conflicto, "estamos obligados" a  convocar una comisión para llegar a un acuerdo.

Se ha aprobado además, mediante acuerdo complementario, el  traspaso a la Comunidad de un inmueble situado en el Paseo de la  Farola, número 12, de Málaga. Su uso será compartido por ambas  administraciones hasta que se libere por parte de la Junta el  edificio ubicado en el número 7 de esa misma vía, donde irán los  servicios dependientes de la Administración del Estado.