Los casos de corrupción que salpican la provincia se atascan

Desde luego, el que más atención ha despertado ha sido la investigación de la juez Mercedes Alaya sobre los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Un sumario que está ya en su recta final y que acumula más de dos centenares de imputados, entre los que se encuentra una extensa y selecta nómina de jiennenses: el “conseguidor” Juan Lanzas, el “chófer de la coca” o los componentes de la vertiente política del asunto: Gaspar Zarrías, Antonio Ávila y Francisco Vallejo, entre otros.
La “superjuez” Alaya también se hizo notar en la provincia con la operación “Enredadera”, que explotó en noviembre. Hubo más de una treintena de detenidos que, presuntamente, formaban parte de una red de políticos y funcionarios que amañaban contratos públicos para la empresa sevillana Fitonovo a cambio de sobornos. En la provincia, fueron arrestadas tres personas: el jefe de servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén, un técnico del Ministerio de Fomento y Cristóbal Pérez, el teniente de alcalde de La Carolina, acusado de recibir unos 20.000 euros en mordidas. El edil, que defendió su inocencia, se vio obligado a dimitir de todos sus cargos.
La operación “Madeja” es ejemplo de la lentitud de estas macrocausas contra la corrupción. Está a punto de cumplirse el primer año desde que estallara y apenas se ha avanzado. La juez Alaya decidió inhibirse y mandar el caso a la Audiencia Nacional, donde se instruirá ya que afecta a varias provincias.  El otro gran caso de supuesta corrupción destapado en 2014 y con vinculaciones en la provincia fue el de las facturas falsas de UGT. Fue la operación “Cirene”. La investigación, dirigida por el juez de Sevilla Juan Jesús García Vélez, destapó una red de empresas que, al parecer, presentaban facturas falsas sobre servicios no prestados o con costes reflejados por encima de los reales y que eran usadas, supuestamente, por el sindicato para justificar ayudas de la Junta para labores de formación. Uno de esos empresarios era el jiennense Miguel Ángel G. G., gerente de la sociedad KND. Fue detenido el 24 de junio de 2014 y, tras pasar arrestado 36 horas, fue puesto a disposición del juez. Ante su señoría defendió que no cometió delito alguno y quedó en libertad con cargos.
Ha pasado más de un año y la operación “Cirene” está estancada. “No hay novedades”, aseguran fuentes judiciales cercanas al caso. El magistrado no ha terminado de tomar declaración a todos los imputados. Sin embargo, el ejemplo más paradigmático de la lentitud que tiene la Justicia para sacar adelante estas macrocausas es la investigación sobre el presunto fraude con las ayudas públicas de la Junta en los cursos de formación. Lo más llamativo de este asunto es que hay dos causas distintas que indagan sobre lo mismo. Por un lado, la juez Mercedes Alaya abrió la operación “Barrado” y se la encargó a la Guardia Civil. De forma paralela, la Policía Nacional se hizo cargo de las pesquisas a instancias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Fue la operación “Edu” y sus sucesivas réplicas “Edu Centro” y “Eduende”. Ambas investigaciones, incluso, han llegado a pisarse el terreno. Y, si no, que se lo pregunten a la exdelegada de Empleo en Jaén, Irene Sabalete, detenida dos veces por los mismos hechos. En marzo, fue arrestada por orden de la juez Alaya en el marco de la operación “Barrado”. En junio, la Policía Nacional le leyó sus derechos dentro de la operación “Edu”.  
De una manera u otra, casi medio centenar de imputados en la provincia por el supuesto fraude de los cursos de formación. La gran mayoría de los implicados son empresarios acusados de falsedad y estafa en el cobro de subvenciones, que se embolsaron de forma indebida. Además, en una fase posterior, se detuvo a una decena de responsables políticos —entre ellos, la propia Irene Sabalete— y cargos intermedios de la Delegación de Empleo, contra los que se encontraron indicios de no controlar el destino de los fondos públicos para la formación de parados y de conceder las subvenciones sin atenerse a los criterios legales.
La investigación de este caso está paralizada por un conflicto de competencias sobre quién debe seguir con las pesquisas. En Jaén, la Audiencia decidió el pasado mes de julio que el sumario se lo quedara la juez Carmen Ballesteros, de Instrucción número 4, a pesar de que esta magistrada se había inhibido en favor de Mercedes Alaya. Todavía no se ha tomado declaración a ninguno de los implicados.
El caso Invercaria, que investiga un juzgado de Sevilla, también tiene sus conexiones en Jaén. En concreto, en el supuesto desvío de fondos públicos a diferentes empresas, entre las que estaba la antigua fábrica de componentes informáticos de Mancha Real, EDM. Están imputados algunos miembros del consejo de administración de esta sociedad, además de varios cargos públicos de la Junta de Andalucía.