Los alcaldes podrán decir 'no' al reparto de tributos de la Junta

Será así porque, a partir de ahora, cada municipio podrá decidir su exclusión o no de este sistema. El cambio aumenta los fondos incondicionados que reciben los ayuntamientos —aquellos que pueden decidir libremente cómo gastar— de los 159 millones de euros consignados en 2009 a 200 millones en el año 2010, con un incremento progresivo hasta alcanzar 600 millones en 2014. A partir de ahí, aumentarán en función del incremento de los ingresos tributarios de la Junta de Andalucía. El reparto, según explicó la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, se basará en la población, el territorio, la dispersión y la capacidad fiscal (según un coeficiente basado en el Impuesto de Bienes Inmuebles —IBI—). El peso de estas variables diferirá, no obstante, para los municipios de menos de cinco mil habitantes (512 de los 771 existentes) y el resto.
El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, defendió que “el cien por cien de este proyecto está redactado sobre la base” de las propuestas de la FAMP y del grupo de trabajo constituido en el Parlamento, que elaboró un dictamen aprobado por el PSOE e Izquierda Unida con la abstención del PP, y apeló a la “responsabilidad” de los partidos, en especial del Partido Popular, para sacar adelante esta ley —y la de Autonomía Local, que fija veintinueve nuevas competencias locales— con el máximo consenso. “El Gobierno ha cumplido su compromiso [de llevarlas al Parlamento antes del 31 de diciembre para que se aprueben antes de junio], ahora, les toca el turno a los partidos políticos”, señaló, para añadir: “Le recomendaría al señor Arenas que hiciera una lectura sosegada de las leyes, que preguntara a sus alcaldes qué opinan, y estoy seguro de que tendría muchas dificultades para decir no”.
reacciones. Munícipes de todo signo reconocen que las leyes locales vienen a afrontar una demanda histórica del municipalismo para que se concrete y amplíe su autonomía competencial y, además, se clarifique parte de su financiación. Sin embargo, difieren en que los textos elaborados por la Junta solucionen sus problemas económicos y sigan manteniendo una excesiva tutela de la Administración autonómica sobre su política urbanística o en materia educativa.
Y frente a la llamada de Pizarro a un “amplio consenso”, con apelaciones directas a los líderes de la oposición Javier Arenas (PP) y Diego Valderas (IU) para que “estén a la altura de las circunstancias y no defrauden a sus alcaldes”, las reacciones de ayer a los textos que llegarán a la Cámara no hacen prever, en principio, que el acuerdo sea fácil.
Tanto los dirigentes del Partido Popular como los de Izquierda Unida negaron que los Proyectos de Ley coincidan con lo consensuado en el grupo de trabajo del Parlamento y consideraron que se quedan muy cortas con respecto a las reivindicaciones de los alcaldes.
Desde el PP en Andalucía, su secretario general Antonio Sanz, las calificó de “una burla a los ayuntamientos” y excesivamente “intervencionistas”. “La Ley de Autonomía Local sólo sirve para controlar a los ayuntamientos”, subrayó, mientras reivindicó que la participación de los municipios en los tributos de la Junta en vez de en sus ingresos supone una aportación “ridícula” que no solucionará la asfixia local porque sólo obtendrán “un tercio de lo que necesita”. “Hoy las distancias son insalvables”, sentenció.
Tampoco el coordinador regional de Izquierda Unida, Diego Valderas, se mostró optimista sobre las posibilidades de consensuar las leyes durante el trámite parlamentario. “Será necesario un debate con la suficiente fuerza”, afirmó, al tiempo que anunció una “movilización municipal” para cambiar dos leyes que son “tremendamente recortaditas” y “un timo municipalista de gran calado”.
Con todo, si finalmente sólo salen adelante con los votos de la mayoría socialista, la prueba de fuego será si los alcaldes de PP e IU mantendrán su posición aunque ello suponga perder fondos.

La Junta saca pecho de su capacidad de diálogo

En su balance del año 2009, el segundo de la actual legislatura, el consejero de Presidencia, Antonio Ávila, sacó pecho por ser “una de las comunidades, sino la que más, que con más instrumentos ha afrontado la crisis” y presumió de un modelo de gobierno basado en “la transparencia y el diálogo”, pese a encontrar en frente a una oposición —mencionó expresamente al PP— que “ha ido a remolque, ha abusado de adjetivos descalificativos, ocurrencias y el no”, dijo.
Como ejemplo de las medidas sociales y económicas frente a la crisis, Ávila aludió a los planes Memta y Proteja, la extensión de la gratuidad de los libros de texto y el transporte escolar, las becas 6.000 o las líneas de avales del ICO y el plan de salvamento para pymes solventes con problemas coyunturales. Y como prueba de diálogo, a la firma del VII Acuerdo de Concertación Social con los sindicatos y los empresarios y a 41 medidas consensuadas (veintidós de ellas iniciativas legislativas) con al menos uno de los grupos de la oposición.
“Frente a este modelo de trabajo, el PP ha demostrado ser la derecha obsesionada por el poder y no por los problemas de los ciudadanos, sin ideas y con propuestas de reformas cuyo contenido nadie conoce”, criticó.
En su repaso, destacó los nuevos derechos sociales, con la tramitación parlamentaria de las leyes del Derecho a la Vivienda, la Muerte Digna, la Salud Pública o la Lengua de Signos, así como el desarrollo de la Ley de Dependencia en la que “Andalucía está a la cabeza de España en valoraciones y prestaciones”.
Ávila también recordó “el cierre de un largo contencioso” como el de la deuda histórica —pendiente de la tasación de los solares cedidos por el Estado como pago— y la nueva financiación autonómica con la que “Andalucía es la que más recibe”.