Los alcaldes de la Sierra de Cazorla suscriben un convenio para unificar la normativa sobre suelo no urbanizable

Los ayuntamientos de la comarca de la Sierra de Cazorla, en Jaén,  y la Diputación han suscrito un convenio de colaboración mediante el  cual la Administración provincial prestará asistencia técnica y  jurídica a estos municipios en materia de urbanismo, y más  concretamente, en relación a los usos del suelo no urbanizable con el  objetivo de unificar criterios.

    13 feb 2013 / 18:53 H.

    El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, acompañado por el  diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, ha firmado  este miércoles este acuerdo con los alcaldes de Cazorla, Antonio José  Rodríguez; Chilluévar, José Luis Agea; Hinojares, Serafín Sánchez;  Huesa, Miguel Molina; La Iruela, José Antonio Olivares; Peal de  Becerro, Juana Pérez; Pozo Alcón, Ignacio Moreno; Quesada, Manuel  Vallejo; y Santo Tomé, Francisco Jiménez. 

    "Este convenio surge a iniciativa de esta Diputación porque en el  trabajo diario de colaboración con los ayuntamientos hemos detectado  la necesidad de coordinar la normativa urbanística municipal en  relación al suelo no urbanizable", ha señalado Reyes.

    Además, ha alabado el amplio consenso por parte de todos los  ayuntamientos para que este trabajo culmine con la elaboración de una  ordenanza marco que sirva para todos los territorios, aunque  respetando las singularidades de cada municipio. En este sentido, ha  asegurado que en materia urbanística se va "a zanjar el agravio  comparativo que se produce con los pueblos de al lado".

    Según ha explicado, mediante esta asistencia técnica y jurídica se  busca aunar la interpretación de la normativa vigente, facilitar la  implantación de emprendedores de forma sostenible y respetuosa con el  medio ambiente, incentivar la utilización de las energías renovables  desde el punto de vista urbanístico, dar prioridad a los usos  agropecuarios tradicionales, y por supuesto, ser capaces de frenar  cualquier iniciativa que vaya contra los intereses del territorio y  de la norma establecida. 
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