Los alcaldes andaluces reclaman su deuda

El grupo de trabajo constituido en el Parlamento el pasado marzo para discutir las leyes municipales ha echado el cierre por vacaciones sin que el consenso que pretende la Junta asome por ninguna parte. Los tres partidos han presentado sus propuestas para las leyes de régimen local –que definirá las competencias municipales– y de participación en los tributos de la Junta –que mejorará la financiación–. El objetivo es consensuar un dictamen que se enviará al Gobierno andaluz para que éste remita a la Cámara las normas antes de fin de año. Se han citado el 1 de septiembre.
Será complicado. Los tres documentos presentados tienen puntos en común pero también diferencias que parecen insalvables. La pasada semana el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, enfrió las expectativas de los ayuntamientos, que esperaban que, una vez resuelta la financiación de las comunidades, el Gobierno pisara el acelerador para llegar a un acuerdo similar para los consistorios. Chaves avisó de que la ley no estará “antes de 2011”, año de elecciones municipales. La oposición está en pie de guerra. Son dos años que, avisan, los ayuntamientos no podrán subsistir ante la caída de ingresos por la crisis y pese a la promesa del Gobierno de elevar las ayudas.
En los documentos que PP e IU han presentado en el Parlamento ambos partidos coinciden en exigir a la Junta el pago de cantidades adicionales en el Presupuesto de 2010. Los populares ponen como condición irrenunciable antes de cerrar ningún acuerdo que los ayuntamientos reciban parte de lo que Andalucía ingresará del Estado por la deuda histórica. Esa fue una demanda unánime de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), apoyada por el presidente de este órgano, el socialista Francisco Toscano, el pasado noviembre. El Gobierno andaluz dejó claro rápidamente que era imposible legalmente que los alcaldes se llevarán directamente el 50% de ese dinero (1.204 millones de los que quedan por cobrar 780) destinado a educación, sanidad y vivienda, según el Estatuto.
En la misma línea se pronuncia IU. El documento que ha registrado en la Cámara reformula ese concepto de deuda municipal. Desde la coalición de izquierdas exigen a la Junta 4.000 millones de euros como anticipo del dinero que habilitará la ley de participación de los ayuntamientos en los tributos de la Junta. Además IU asegura que en la FAMP ya se trabaja para cuantificar una deuda histórica que mantiene la comunidad con los ayuntamientos por las competencias que actualmente prestan los consistorios delegadas desde la Junta. Una deuda que exigen calcular atendiendo a los últimos 20 años.
Desde el PSOE-A aseguran que harán todo lo posible por lograr el consenso y defienden que el documento que ellos han presentado es muy similar al que aprobó la FAMP por unanimidad el pasado noviembre. Los socialistas apuestan por arbitrar por ley un Fondo de Nivelación Incondicionada, que se nutra con los tributos de la Junta, y que inyecte recursos a los ayuntamientos.
Isabel Morillo / Sevilla