Los acusados de fraude fiscal dicen que sus negocios fueron “legales”

La operación “Lucerna” sienta en el banquillo a los implicados en los principales escándalos aceiteros de los últimos años. Y es que los considerados cabecillas de la trama son Enrique F. I., condenado por la estafa de Iniosa (entre otras causas); y Calogero A., que a su vez debe ser juzgado como único encausado en la operación “Cisterna”, donde se investiga el saqueo sistemático de almazaras hace una década, y al que se acusa de receptación. El fiscal Juan Muñoz Cuesta considera que ambos, “en una maquinación fraudulenta”, idearon un plan para no pagar impuestos a través de un complejo entramado societario. Según el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, los dos acusados se repartieron 898.128 euros, una cantidad que corresponde a una devolución tributaria que cobraron de forma indebida en virtud a que simularon varias operaciones de compra venta de aceite de oliva que nunca existieron.
Sin embargo, tanto Enrique F. I. como Calogero A. defendieron ante el tribunal de la Sección Segunda la legalidad de todas las operaciones comerciales que han realizado: “Nunca ha habido reparto del IVA”, señaló el empresario jiennense: “No me interesa el tema de los impuestos. No es mi modelo de pensar”, apuntó el comercial italiano.
El fiscal interrogó a ambos acusados sobre los “circuitos” de empresas controladas por ambos procesados y que realizaron centenares de operaciones de compra y venta de aceite que para la Fiscalía son ficticias. ¿Por qué? El aceite era exportado por una sociedad italiana, que estaba a nombre de un hermano de Calogero A. y vendido a firmas controladas “de hecho o de derecho” por Enrique F. I.. Posteriormente, el empresario jiennense volvía a revender “a pérdidas” las partidas a la sociedad Cosmoliva, que era propiedad del tratante transalpino. La Fiscalía se cuestiona este “sospechoso circuito”, ya que entiende que no era necesario que el aceite pasara por las empresas de Enrique F. I. Por eso, sostiene que eran fingidas, simuladas para generar un IVA que después se repartían ambos.
En su declaración, Calogero A. trató de dar respuesta a esta cuestión. Argumentó que recurría a las sociedades en España fundamentalmente por dos cuestiones. Dijo que la primera era de índole financiera, ya que, en determinadas ocasiones, tenía problemas de liquidez con los bancos italianos y su “socio” español, con el que asegura que mantenía una relación “comercial”, se la proporcionaba. La segunda razón es que su aceite lampante italiano era mejor, pero que sus clientes en España no le pagaban “ese exceso de calidad”. “Nadie me daba las gracias por eso. La refinería de Enrique me ayudó a ser más competitivo. No hay nadie como él para mezclar aceite”, aseguró, a preguntas de su abogado. Una versión de los hechos en la que también coincidió el empresario jiennense, quien defendió que su negocio estaba en las ventas posteriores de aceite.
Sin embargo, esta forma de definir las operaciones tiene un punto débil, que el fiscal se encarga de recordar en su escrito de acusación: la misma cantidad de aceite que viene de Italia, exportada por la empresa del hermano de Calogero A., es la que, finalmente, llega a la sociedad Cosmoliva, que también controla este comercial italiano y que, además, según el Ministerio Público, lo adquiere más caro. “¿Dónde está el negocio?”, le preguntó el fiscal. Calogero A. aseguró que “la contraprestación económica estaba en mover un mayor volumen de kilos”, con lo que, al final, sí que hay ganancia.
No obstante, el empresario transalpino se puso especialmente nervioso cuando llegó el turno del interrogatorio por parte del abogado del Estado, que ejerce la acusación particular en nombre de la Agencia Tributaria. El letrado de la Administración recordó a Calogero A. que la Guardia Civil lo vinculó con “la mafia siciliana” y dijo que contaba con antecedentes por Hacienda Pública y robo. Esas afirmaciones hicieron estallar al acusado, que retó al abogado a que le demostrase esas afirmaciones. “Es una mentira. Jamás he tenido una condena”, señaló visiblemente irritado, mientras que su letrado presentaba una protesta ante el presidente del tribunal, Pío Aguirre. “Está tratando de confundir a mi cliente con acusaciones que son inciertas”, dijo, en el momento más tenso del interrogatorio.
El fiscal Juan Muñoz Cuesta también tuvo varios “encontronazos” verbales tanto con Enrique F. I. como con Calogero A. Sobre todo con el italiano, al que criticó por no responderle sobre las cuestiones concretas por las que le estaba preguntando.
Inicialmente, la Fiscalía solicita para los dos acusados de fraude fiscal una condena de cuatro años de cárcel, el máximo que permite el Código Penal. Además, también solicita que devuelvan los 898.000 euros que, supuestamente, defraudaron a la Hacienda Pública y que paguen una multa de un millón de euros. A Enrique Fuentes también lo acusa de un delito de insolvencia punible, es decir, ocultar sus bienes para evitar el pago de una deuda, por el que le reclaman otros dos años de prisión. El juicio continuará hoy.

Rechazan que ocultasen sus bienes para evitar un embargo de Hacienda
La Fiscalía también ha presentado cargos contra Enrique F. I., su hijo Carlos F. P., su exnuera y su abogado, Enrique G. R., por un delito de alzamiento de bienes. Según el Ministerio Público, una sociedad del grupo familiar fue inspeccionada por la Agencia Tributaria, una revisión de la que resultó que la empresa debía pagar 125.000 euros en impuestos. Tras finalizar el plazo del ingreso voluntario del dinero, Hacienda se disponía a embargar el único bien que constaba a nombre de esa firma: una vivienda. Sin embargo, no pudo hacerlo, porque ya pesaba otro embargo previo a nombre del abogado del propio Enrique F. I. Para el Ministerio Público, todo fue “una maquinación”. Presuntamente, el letrado simuló una deuda por un asesoramiento legal. El cabeza de familia hizo frente al pago con un talón que resultó impagado y que dio lugar a un procedimiento judicial a favor de Enrique G. R., lo que dejó a Hacienda sin posibilidades de embargar la vivienda: El empresario aceitero reconoció que la idea fue suya, pero defendió que la deuda era real: “Preferí que cobrara mi abogado antes de que se lo llevara la Agencia Tributaria”, dijo. El letrado también aseguró que la familia le debía dinero y que prefirió adelantarse a otros acreedores, sin saber que era Hacienda. 

Declaración de la Guardia Civil y de los peritos de la Agencia Tributaria
La Audiencia Provincial acoge hoy la segunda y última sesión del juicio por el caso Lucerna. Una jornada que tendrá mucha más enjundia para las partes acusadoras, ya que está prevista la declaración de los guardias civiles que dirigieron la investigación y de los tres peritos de la Agencia Tributaria que pusieron de manifiesto las “maquinaciones fraudulentas” de Enrique F. I. y de Calogero A. para simular operaciones de compra y venta de aceite. El primero en someterse a los interrogatorios de las partes será el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dirigió las pesquisas. Estuvo casi un año trabajando en una laboriosa investigación que terminó con la detención de 19 personas en las provincias de Jaén y Córdoba. Después, será el turno de los especialistas de la Agencia Tributaria. Entre ellos estará Lucas León Obejo, el perito que redactó un demoledor informe en el caso Iniosa, que sirvió, entre otras pruebas, para condenar a Enrique F. I.
La defensa de los procesados también ha llamado a declarar a un técnico para tratar de demostrar que todas las operaciones de compra y venta de aceite entre las sociedades del empresario jiennense y de Calogero A. se produjeron realmente y, además, fueron totalmente legales.