Los 27 ratifican las nuevas multas a los países con déficit excesivo

El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha dicho que espera  que las nuevas sanciones puedan empezar ya a aplicarse a principios  de 2012 y se ha comprometido a actuar con firmeza contra los países  incumplidores para prevenir futuras crisis de deuda. La Eurocámara, que aprobó la reforma el pasado 28 de septiembre,  ha logrado durante las negociaciones que la apertura del proceso  sancionador contra los países incumplidores sea más automático,  siguiendo la propuesta de la Comisión, y deje menos margen de  maniobra política a los ministros de Economía de la UE. Se trata de  evitar lo ocurrido en 2003, cuando Alemania y Francia frenaron las  sanciones que reclamaba el Ejecutivo comunitario y dinamitaron el  Pacto de Estabilidad.
Así, los expedientes contra los Estados miembros que no respeten  los objetivos de estabilidad presupuestaria se lanzarán de forma  automática, a propuesta de Bruselas, salvo que una mayoría simple de  países (es decir, 9 de los 17) se oponga. El presidente del Banco  Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, ha admitido que este  mecanismo supone una mejora importante respecto a las pretensiones de  los Gobiernos. Una vez iniciado el expediente sancionador, las siguientes fases  sí serán prácticamente automáticas, ya que se necesitará una mayoría  cualificada de Estados miembros para tumbar las propuestas de multa  de la Comisión. Las nuevas sanciones se activarán en una fase temprana para  prevenir que los problemas se agraven. Si un país no realiza los  ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, la UE  le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de  su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se le retendrán los  intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno  afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.
Aparte de endurecer el procedimiento por déficit excesivo, la  norma crea un nuevo expediente sancionador por desequilibrios  excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB (en el  caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la  eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su  pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la  aparición de burbujas inmobiliarias.