Llaves que abren la puerta de una nueva vida

El salón de actos del instituto El Valle se llenó hasta la bandera para asistir a la entrega de las llaves a los adjudicatarios de los pisos, en su mayoría gente joven. José Antonio Griñán no ocultó su felicidad por participar en una ceremonia que refrenda la apuesta del Gobierno andaluz por la vivienda protegida, a pesar de la situación de crisis y de la falta de crédito para las familias que quieren acceder a ella. “La vivienda es mucho más que el espacio físico en el que se desarrolla un proyecto de vida. Es un derecho social que, junto a la educación y la sanidad, constituyen los pilares de una sociedad más segura, justa y sostenible”, señaló el presidente, quien añadió: “Esta entrega de llaves refleja la eficacia de las políticas sociales para promover la igualdad de oportunidades y garantizar la cohesión social. Esta es nuestra apuesta para Jaén y para Andalucía”, subrayó.
Pero en el salón de actos de “El Valle” estaban los adjudicatarios y sus familias, sino también una larga lista autoridades. Las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina y nadie quiso perderse la cita. Desde el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, hasta el flamante subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, pasando por las consejeras de Presidencia y de Obras Públicas y Vivienda, Mar Moreno y Josefina Cruz, respectivamente; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y concejales del Partido Popular y del Partido Socialista. Todos mantuvieron las formas hasta que se acabó el protocolo. Fue subirse el presidente andaluz al coche oficial y el portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel García Anguita, desatar la tormenta por “el sectarismo y la deslealtad institucional” de la Junta al no dejar al alcalde participar en la entrega de llaves. “Nos parece fuera de lugar y otro agravio el hecho de que Griñan no haya permitido que el alcalde entregara las llaves de estas viviendas que se han construido gracias a la estrecha y necesaria colaboración institucional entre Ayuntamiento y Junta”, precisó. José Enrique Fernández de Moya se encargó de recordar esa colaboración nada más tomar la palabra en el atril. En este sentido, recalcó que el Gobierno de Miguel Sánchez de Alcázar, vendió en 1999 a Epsa las parcelas para la urbanización de la promoción de 96 viviendas por solo seiscientos mil euros. “Dos parcelas que, con el precio actual de la vivienda de renta libre, valdrían nueve millones de euros”, dijo el alcalde.
Al margen de ello, los realmente felices eran las sesenta y tres familias que recibieron las llaves. Se trata de personas con ingresos y jóvenes que acceden a su primera vivienda. En este caso, los inmuebles entregados son en su mayoría de Régimen Especial en Venta, es decir, destinadas a familias con ingresos anuales que no superen en 2,5 veces en el Iprem. Los precios rondan los 98.000 euros de media y cuentan con tres dormitorios, unos setenta metros cuadrados y aparcamientos vinculados. Además, esta promoción dispone de locales comerciales y zona de oficinas. De estas 45 en venta, 26 familias han sido adjudicatarias de viviendas en el edificio “Alamos del Río”.
La consejera de Obras Públicas recordó que la Junta ha promovido en la zona del Bulevar la construcción de 889 viviendas protegidas con una inversión, contabilizada la urbanización, primera, segunda y tercera fases, que asciende a 86,2 millones de euros.
La Junta se resiste a aceptar el periodo de carencia para el tranvía
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, insistió que su Gobierno sigue estudiando la propuesta del Ayuntamiento de Jaén para la financiación del material móvil del tranvía. El jefe del Ejecutivo autonómico le pidió al alcalde, José Enrique Fernández de Moya, que asuma su responsabilidad como gobernante de la capital y todos los compromisos suscritos. La petición del responsable municipal pasa por aceptar los treinta años que propone la Junta para el pago de los vagones, pero incluyendo en este tiempo los cinco primero años de carencia. De este modo, el Ayuntamiento comenzaría a amortizar el material móvil a partir del año 2017. El principal obstáculo de la propuesta del Gobierno local es el periodo de carencia. Altos cargos del Ejecutivo andaluz reconocieron a este periódico que esa alternativa supondría una carga financiera mayor. Asimismo, recordó que la Junta cumplió con creces al hacerse cargo de toda la infraestructura, con un coste para las arcas autonómicas de cien millones de euros. El alcalde apela a la “colaboración institucional” para sacar del atolladero al tranvía, en el dique seco desde el pasado 19 de mayo. Fernández de Moya reitera que la situación económica del Ayuntamiento, con una deuda de 428 millones de euros, hace inviable otra fórmula que no sea la de aceptar los cinco años de carencia. “No soluciona el enorme problema económico que nos plantea el pago del material móvil del tranvía, pero al menos nos ayudaría en parte a afrontar la crítica situación”, concretó el alcalde.