Llamazares apunta que el anteproyecto de ley de Muerte Digna no despenaliza el suicidio asistido

Llamazares ha realizado estas declaraciones frente al centro Gran  Vía de Castellón, junto a la coordinadora general de EUPV y candidata  a la Generalitat valenciana, Marga Sanz; la cabeza de lista  autonómica por Castellón, Marina Albiol y la candidata a la Alcaldía  de Castellón, Carmen Carreras.

Al respecto ha señalado que el Consejo de Ministros, en esta  materia, "se queda como en casi todo, a medio camino, pues lo que  hace es unificar la legislación existente en esta materia, como las  voluntades anticipadas, cuidados paliativos, últimas voluntades", lo  que, en su opinión, "está bien, pero lo fundamental no lo aborda, ya  que lo fundamental es despenalizar en el Código Penal el suicido  asistido".

Por tanto, ha advertido de que seguirán produciéndose "casos como  el que tuvimos recientemente en Andalucía o en Italia, es decir, que  aquellas personas que quieren tener un fin de su vida en dignidad,  pues no pueden hacerlo, ya que en nuestro país todavía está  parcialmente penalizado ese tipo de medidas".

Así, ha asegurado que es una medida "positiva pero insuficiente en  relación a lo que se denomina la ley", ya que, en su opinión, "no  debería de llamarse de Muerte Digna, sino de cuidados paliativos o de  unificación de legislación en cuidados paliativos, porque no hay nada  de muerte digna en esa ley".

NO SE CUMPLE LA LEY DE DEPENDENCIA

Llamazares también se ha referido a la dependencia y ha destacado  que la filosofía de la ley "era la de un servicio público de calidad,  pero la realidad es que casi el 50 por ciento son ayudas de  complementos de rentas a las familias, pero muy pocos servicios  públicos de calidad, y, en ese sentido, "no se está cumpliendo", ha  subrayado.

"No se cumple la ley a nivel del Estado, que ha recortado el  presupuesto para este año en más de un 5 por ciento", ha apuntado el  dirigente de IU, quien ha añadido que el presidente del Gobierno,  José Luis Rodríguez Zapatero, "miente cuando dice que no ha recortado  el estado social, pues ha recortado en la dependencia y, sin embargo,  han aumentado los dependientes en un marco de crisis económica".

Al respecto, ha recalcado que "estamos ante un ajuste, y ese  recorte del PSOE lo ha aprovechado el PP y los gobiernos autonómicos  para entrar en tromba y recortar aún más la atención a la dependencia  y, en muchos casos, aprovechar para privatizar una parte de los  servicios públicos".

Llamazares ha denunciado estas actitudes "hipócritas" con respecto  a la política de bienestar, y ha señalado que IU "donde ha estado,  somos la fuerza política garante de esos servicios públicos y  sociales que son más necesarios que nunca en un contexto de crisis".

"Los que dicen que en la crisis económica hay que recortar, están  diciendo que en la crisis económica la gente tiene que sufrir más, y  nosotros decimos que en la crisis económica lo que hay que hacer es  reforzar el estado del bienestar", ha destacado Llamazares, quien ha  remarcado que esto se ha demostrado en Lorca (Murcia), "pues si no  hubiera habido servicios públicos, el sufrimiento sería mucho mayor.  Este país necesita servicios públicos de calidad".

CENTRO CERRADO

Por su parte, Marina Albiol ha denunciado que el Centro Gran Vía  de Castellón para personas dependientes "está acabado hace dos años  pero está cerrado porque la Conselleria dice que no tiene dinero para  ponerlo en funcionamiento".

"Tenemos un centro totalmente acabado, amueblado, pero que no está  en funcionamiento por culpa de un PP absolutamente malgastador, que  se ha gastado el dinero que tenía que ir a parar a educación, a  sanidad o a aplicar la ley de dependencia en Copas América, Fórmula  1, másters de golf o en asesores de la Diputación de Castellón", ha  declarado.

Según ha dicho, este centro "podría estar atendiendo en estos  momentos a 270 personas, pero ésta es la demostración del boicot del  PP a la aplicación de la ley de dependencia". "En estos momentos, el  50 por cien de personas con dependencia en Castellón que han pedido  recibir la prestación no la están recibiendo, es decir, tenemos 7.000  personas que no están recibiendo la ayuda y no saben si la van a  recibir", ha agregado.

A nivel de Comunitat Valenciana, ha subrayado que "el boicot es el  mismo, pues tenemos también el 50 por cien de las personas que  esperan que se resuelva su expediente, y hay personas que llevan años  esperando la resolución cuando ésta tendría que hacerse en seis  meses".