24 abr 2014 / 22:00 H.
A más abrumadora mayoría parlamentaria, más rodillo legislativo; por contra y ante tal tesitura, a la debilidad de la oposición no le queda más mecanismo de frenada que recurrir al Constitucional. Ambas posturas entran dentro del juego democrático, aunque el ciudadano ha de ponerse en guardia porque de tal dialéctica es él quien suele salir más dañado que beneficiado. Se están aprobando leyes que anulan a otras anteriores, democráticamente vigentes. Algunas afectan a derechos económicos adquiridos: la contrarreforma laboral, la supresión de la actualización de las pensiones, la ley sobre desahucios, la supresión al funcionariado de pagas extraordinarias, etcétera. Otras, a la protección de sus derechos políticos: seguridad ciudadana, acceso a la justicia gratuita, amnistía fiscal para grandes evasores, eliminación de ayudas a las energías renovables; o las leyes radicales que reforman educación, aborto o la Administración Local. Las leyes se pueden reformar para mejorar o actualizar derechos; debieran ser inconstitucionales cuando los suprimen o recortan.