Ley de Seguridad Ciudadana
Desde Madrid. A lo largo de la historia, en momentos de excepcional gravedad, los sistemas democráticos han adoptado medidas de corte autoritario que se justificaban bien por la situación concreta del país que exigía la toma de tales medidas de excepción o porque su estadio de desarrollo o momento histórico hacía usual encontrarnos con medidas que, hoy por hoy, causarían extrañeza y estupor.
Por mencionar algunos ejemplos, el Acta Patriótica norteamericana, la Ley de Defensa de la República en España o la suspensión de la autonomía de Irlanda del Norte por parte del gobierno británico de Tony Blair. La Ley de Seguridad Ciudadana planteada por el actual gobierno no se justifica en absoluto por un momento de excepción que quepa atribuir a alteraciones graves o quebrantos de orden público en nuestras calles o poblaciones, y cuanto menos parece una ley autoritaria de otros tiempos que en absoluto cabe explicarse para el momento actual. Supone una acomodación de la ley no sobre principios legales ni sobre situaciones objetivas, sino que adecua ésta a los principios ideológicos de un partido o de un grupo social que ve la realidad de una determinada forma y excluye otras posibles interpretaciones, criminalizándolas y persiguiéndolas de acuerdo a esa percepción distorsionada de la realidad. Pido desde aquí a toda asociación política y cívica que rechace esta nueva norma a que presente, en la medida de sus posibilidades, un recurso de inconstitucionalidad contra la misma. Esta norma viola entre otros, los derechos de reunión y manifestación pacífica, así como la presunción de inocencia, pues convierte en cómplice de una irregularidad ahora penada a todo aquel que, sin tener por qué saber si la convocatoria de una concentración ha cumplido todos los requisitos exigidos, anima a participar en ella.
Eladio Fernández Rosa