Lecciones políticas que deberían extraerse del 'caso Camps'
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) archiva la causa abierta por un delito de cohecho pasivo contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno y el jefe de Gabinete. En un auto de gran repercusión política se considera que no existe una relación directa entre el “pago de prendas” y los “agasajos” que pudieron recibir los imputados por el caso “Gürtel” y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market.
Bajo esta premisa el auto pondera que debe existir una “conexión causal” entre las “dádivas” y la “función de autoridad” que las recibe. El auto incluye un voto particular de uno de los magistrados que considera que los imputados sí podían haber incurrido en delito. El PP esperaba como agua de mayo esta decisión con la que cerrar, en parte, la vinculación política valenciana con los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y El Bigotes. Un exultante presidente del PP, Mariano Rajoy, declaró ayer que con el auto “había ganado la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que están de los nervios”. Aunque en clave política se pueda sacar pecho de cualquier cosa, conviene recordar que la propia sentencia desestima el primer motivo de apelación de los cuatro imputados al considerar que las diferentes prendas de vestir podrían haber sido pagadas por Orange Market y no por ellos mismos, tal y como argumentaron tanto en las cortes valencianas como en los propios juzgados. Al margen de que no haya condena y aunque el camino judicial no haya acabado ante el recurso de casación que interpondrán los socialistas valencianos, es necesario un cambio de legislación para que hechos como estos no escandalicen a una ciudadanía que observa como es “normal” que nuestros bien pagados políticos reciban tan costosos regalos.