Las Protegidas ya tiene orden de desalojo parcial y urgente
Ya ha ocurrido lo que temían. Desde hace dos semanas, los vecinos del Grupo 1060-José Antonio del barrio de Las Protegidas tienen en sus manos la resolución de la Gerencia de Urbanismo que les ordena, de forma “inmediata”, a ejecutar las medidas cautelares urgentes que se enumeran en el informe negativo de la Inspección Técnica del Edificio (ITE) que presentaron el pasado mes de abril. Se trata del vallado del perímetro del edificio o la colocación de una visera de material resistente que proteja a los viandantes que circulen por el acerado y que también debe instalarse en la zona interior del perímetro del patio; la prohibición del uso de los balcones, por el riesgo que tienen de desplome; la colocación de una marquesina de protección a la entrada de cada portal y, ante el peligro de que se derrumbe el techo, el desalojo de los pisos ubicados en la última planta.
La orden, a la que tuvo acceso este periódico, se fundamenta en el informe desfavorable que los propios vecinos presentaron y en el que emitieron, en mayo, los servicios de la Gerencia de Urbanismo. En este último se subrayaba que las medidas “deben adoptarse de forma inmediata, con la supervisión de un técnico competente”. Además, “en cumplimiento de sus deberes legales de conservación y rehabilitación”, se requiere a la comunidad de propietarios a que, “en el plazo máximo de tres meses, proceda a presentar el correspondiente proyecto de rehabilitación integral del inmueble”. “Ellos mismos —argumentó a este periódico el concejal de Urbanismo, Francisco Javier Márquez— presentaron una ITE que dice que las casas están en muy mal estado, así que tienen que tomar medidas y presentar el proyecto oportuno para arreglarlas”. No obstante, añadió: “Sin perjuicio de las subvenciones a las que tengan derecho o no por las promesas que les hizo la Junta de Andalucía y por estar catalogadas [las viviendas], la obligación de conservación es de los vecinos porque es una propiedad privada”.
Sin embargo, entre la “preocupación” y un “enfado” cada vez más exacerbado contra la Junta de Andalucía, a la que responsabilizan de la situación en la que se encuentran las viviendas, los vecinos se dicen impotentes para actuar en alguna de las dos direcciones que les marca la resolución de la Gerencia de Urbanismo para cumplir con el dictado de la ITE. En primer lugar, el deterioro que pesa sobre los bloques es tal que aseguran carecer de la capacidad económica necesaria para afrontar la rehabilitación integral que se les pide en el informe. Y, en cuanto al desalojo parcial que se les ordena de forma “inmediata”, desde la comunidad de propietarios, Juan José de la Torre, indica que el órgano que preside carece de capacidad coercitiva para asegurar los desahucios y la prohibición del uso de los balcones, a lo que añade que ni siquiera tienen recursos económicos para ejecutar el resto de medidas cautelares, por lo que solicitan “urgentemente que sea el propio Ayuntamiento el que facilita a la comunidad” poder cumplir estas prerrogativas, ya que se siente “víctima” del incumplimiento de la Junta de Andalucía. Ante esta situación, los vecinos celebraron ayer una asamblea en la que, entre otros asuntos, abordaron un calendario de actuaciones en el que no descartan movilizaciones.