Las ONG alertan de repatriaciones irregulares de menores propiciadas por la nueva Ley de Extranjería

Así, según indicó el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel  Araguás, la normativa, después de la reforma, reconoce a las CCAA  competencias para acordar la repatriación de los menores extranjeros  desamparados a centros de acogida en sus países de origen "sin que se  estipule que tenga que realizarse un seguimiento de su estado o las  condiciones que reúnen los centros de su país", con lo que da la  sensación de que lo que pretenden con estos convenios es "quitarse a  los MENA sin más". Hay que recordar que en la actualidad, según datos de la  Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de  Andalucía, hay en la comunidad autónoma más de 860 menores  extranjeros no acompañados que se encuentran tutelados por la  Administración autonómica en alguno de los 267 centros de protección  que hay en la región.

Asimismo, señaló que con la reforma "se cuestiona el hecho de que  ante todo un menor extranjero desamparado es un menor antes que  inmigrante y como tal requiere la máxima protección", aunque, no  obstante, reconoció como aspecto "positivo" que la otorga "mayor  protagonismo" al menor durante los procesos judiciales, con la  posibilidad de que disponga de un representante legal "para que pueda  escucharse su voz". En general, según el secretario general de Andalucía Acoge en  torno a 800.000 inmigrantes que se encuentran en situación  administrativa irregular en España y unos 80.000 en Andalucía pueden  verse afectados por el "recorte" de derechos fundamentales en el  ámbito de la educación, justicia o situación familiar entre otros que  supone la reforma de la Ley.

Además, tal y como destacó la coordinador de Cáritas Andalucía,  Pilar Muruve, la reforma de la normativa se ha llevado a cabo en un  momento de crisis en el que se ha generado la sensación de que los  inmigrantes "sobran", cuando "han jugado un papel determinante en el  crecimiento económico de España vivido en años anteriores". De hecho,  según refleja el informe Randstad 2008, los inmigrantes contribuyeron  en un 30 por ciento al crecimiento del PIB en el país. Aragúas llamó la atención sobre que en el ámbito de la educación,  se restringe el derecho universal de acceso a la misma garantizado  por la Constitución, limitándolo a la enseñanza obligatoria y  "contraviniendo incluso la jurisdicción del Tribunal Constitucional"  que, en diferentes sentencias, ha reconocido  que las personas  inmigrantes "tengan la edad que tengan y sea cual sea su situación  administrativa tienen derecho a la educación en todos los niveles,  así como a las becas y ayudas que otorga la Administración".

En este sentido, expresó la intención de las entidades sociales de  pedir la colaboración del Defensor del Pueblo Español para recurrir  la Ley ante el Tribunal Constitucional, ya que las organizaciones  sociales carecen de legitimación para hacerlo y ven "muy difícil"  conseguir el apoyo de los 50 diputados o senadores o bien de  asambleas legislativas de las CCAA que estipula la legislación para  poder presentar un recurso. Asimismo, lamentó que con respecto a la justicia gratuita, la  nueva norma exige una doble petición por parte de la persona  inmigrante de representación jurídica, lo que supone una "traba  burocrática sangrante que en la práctica bloqueará el acceso a este  derecho fundamental". Con ello, criticó que se crean dos sistemas  judiciales que reconoce "diferentes derechos dependiendo de cual sea  la nacionalidad de la persona afectada".

Según Araguás lo que se pretende con esta decisión es  "descongestionar los tribunales y liberar la carga que supone para la  Administración la defensa jurídica gratuita de las personas  inmigrantes irregulares", con lo que "las personas más vulnerables y  que más necesitan de defensa legal para hacer valer sus derechos se  ven privadas de este derecho fundamental". Por otro lado, criticó el "endurecimiento" de las sanciones  previstas por la Ley, "más cercanas al ámbito penal que al  administrativo, al que realmente pertenece la jurisdicción de la  norma", lo que incurre en una "peligrosa criminalización del  inmigrante, identificando su situación administrativa irregular con  un delito". "Una de las novedades que trae la reforma es que, a partir de  ahora, a los inmigrantes que hayan cometido una simple falta, como  participar en una pelea callejera o incluso simplemente tengan deudas  tributarias como el pago pendiente de una multa de tráfico, se les  puede negar la renovación del permiso del permiso de trabajo",  informó, apuntado que, además, esta "criminalización" se extiende a  las personas autóctonos que acojan a inmigrantes en sus casas, ya que  la Ley contempla sanciones en este sentido.

En este sentido, rechazó el "mayor control" que se realiza del  colectivo a través de los Centros de Internamiento (CIES), en los que  los inmigrantes podrán permanecer hasta 60 días, superando los 40  estipulados con anterioridad, lo que, "teniendo en cuenta el  funcionamiento de los CIES, en los que no existe ningún tipo de  control gubernamental ni se permite el acceso de ONG, lo convierte en  un régimen similar a la incomunicación". Asimismo, criticó el "limitado" concepto de la familia que tienen  la norma, pues "reduce el núcleo familiar a la pareja y los hijos  menores de 18 años y limita la reagrupación familiar". De este modo,  señaló, identifica a la persona inmigrante con "trabajador, sin tener  en cuenta que es un ciudadano que no vive aislado, sino que pertenece  a una familia".

LEY "PACTADA ENTRE PARTIDOS POLITICOS"
Por su parte, el coordinador de CEAR-SUR, Ricardo García, la norma  también coloca a las mujeres víctimas de violencia de género en  situación administrativa irregular en un "callejón sin salida", ya  que "cuando se decide a denunciar su situación se le abre  inmediatamente un expediente de expulsión que se mantiene durante  todo el proceso", lo que "desincentiva la motivación de la mujer a  denunciar y todo el esfuerzo psicológico que supone". Tal y como resaltó Aragúas, "se ha perdido la oportunidad de hacer  una política de inmigración que mire más allá del corto plazo y de la  urgencias de los partidos políticos favoreciendo la integración de  las personas inmigrantes a la sociedad". Asimismo, afirmó que "no es cierto que la reforma de la Ley haya  sido dialogada, pues la incorporación al texto de las numerosas  propuestas realizadas por la ONG ha sido prácticamente nula". "Ha  sido una ley pactada entre los partidos políticos que no ha tenido en  cuenta la realidad social",