Las manifestaciones ilegales en Castellar no se quedan sin castigo
La convocatoria de manifestaciones y concentraciones era ilegal. Las autoridades competentes así lo dijeron desde el primer momento. Apenas 24 horas después de la trifulca entre varias familias de vecinos en Castellar, los mensajes a través del servicio Whatsapp empezaron a correr como la pólvora. Uno decía literalmente: “Esta noche a las 9.30 o así haremos una quedada para echarlos del pueblo.

Pasarlo es importante se están haciendo los dueños del pueblo, se metieron en su casa y si no saca un motosierra los matan”. Y esa misma noche se concentraron, según fuentes municipales, unas 300 personas en la barriada donde viven las familias implicadas. Un amplio dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, con agentes de varios municipios cercanos, evitó que hubiera incidente alguno.
Pero la cuestión no se quedará ahí. Tanto los organizadores, entendidos aquí como los que escribieron el mensaje de convocatoria, como los que lo reenviaron y aquellos que acudieron a la concentración, actuaron fuera de la legalidad. De hecho, en torno al medio centenar de asistentes a esta o alguna de las otras manifestaciones no autorizadas, como la que le sucedió el siguiente viernes a las puertas del Ayuntamiento, serán sancionados, según ha podido saber este periódico y han confirmado fuentes de la investigación. Las multas están en trámite y, en los próximos días o semanas, comenzarán a llegar a los vecinos que acudieron a estas “concentraciones organizadas como medidas de presión”.
La ley no es nueva. Fue en 1983 cuando se reguló el derecho de reunión y se marcaron los cauces legales para poder manifestarse, un derecho para todo ciudadano. Aquel texto decía literalmente: “La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo, y treinta, como máximo”. Y en Castellar no se ha seguido este proceso.
whatsapp. Mientras tanto, el Equipo de Delincuencia Informática y Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Jaén también busca a aquellos que tuvieron la idea de convocar las manifestaciones y publicitarlas por los mensajes instantáneos de móvil. Ellos, aseguran fuentes del Instituto Armado, sí han cometido un delito. Por el momento, se rastrean las varias cadenas de mensajes para llegar hasta el origen e identificar al usuario o usuarios de esa línea de teléfono. Una tarea que no es sencilla, pero tampoco imposible. De hecho, en otros casos, se ha conseguido y se ha detenido a los autores.
A lo largo de los más de diez días del “conflicto” son varios los mensajes que circulan entre vecinos de Castellar, desde el primero que incitaba a reunirse para “echar a los gitanos”, hasta otro, de los que ha tenido acceso este periódico, que informaba de que el alcalde se iba a “presenciar para comentar la situación actual en el pueblo de Castellar”. Hecho que fue desmentido desde el Ayuntamiento ese mismo día. Hasta este martes se convocaba “la manifestación definitiva” e invitaba a acudir con un “pañuelo blanco como muestra de paz y pureza”. A pesar de ello, los últimos de estos llamamientos no tuvieron apenas respuesta y, tal y como aseguran desde el Ayuntamiento, se convocaban y desconvocaban a lo largo del día y asistía “muy poca gente”.
Estas concentraciones y manifestaciones fueron los momentos más “tensos” durante estos días, situaciones que las fuerzas de seguridad pretendían evitar por el peligro de encontronazos entre los implicados o nuevas trifulcas, que no hicieran más que agravar los problemas de convivencia. Así, por el momento, en Castellar la situación continúa “tranquila”, como los últimos días, con la presencia de Guardia Civil, que realiza labores de vigilancia.
Fue el martes cuando, después de la celebración de un juicio rápido tras la declaración de los implicados en la trifulca, el Juzgado de Villacarrillo dictó sentencia y condenó a los seis imputados a pagar una multa e indemnizar a la familia agredida, a la que tampoco se podrán acercar ni comunicarse durante los próximos seis meses.