Las guarderías privadas se rebelan contra la ley que abarata las plazas

Mientras que antes la actividad de los centros de Educación Infantil se enmarcaba en la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, ahora se incluye en Educación. Este “traslado” las ha sumido en una gran “incertidumbre”, ya que entienden que el decreto que regulará esta formación deja bastantes “flecos abiertos”. Por eso, tanto desde Jaén como del resto de provincias andaluzas, se han enviado cartas a la Consejería de Educación, en las que les amenazan con no “conveniar” plazas para el próximo curso, lo que supondría que las familias tendrán que pagar una cantidad bastante más elevada si su hijo no entra en una guardería pública. En este sentido, se han unido en  un foro digital para aunar las acciones de protesta que se realizan en la comunidad autónoma. Una de sus principales quejas es la falta de información sobre el asunto, lo que genera desconfianza en su futuro profesional. Critican la falta de diálogo con la Administración autonómica, a la que le exigen que convoque una mesa sectorial en la que se puedan negociar las órdenes de desarrollo del decreto. Uno de los escollos más importantes que tendrá que solventar Educación es el precio que paga por la plaza. En la actualidad, se dan 275 euros, frente a los 500 que se destinan a las guarderías públicas. “Es más de la mitad y nos piden las mismas obligaciones”, se queja uno de los portavoces del foro, Blas de Miguel Rodríguez. De hecho, la propuesta de los representantes de los centros de Educación Infantil es que esta asignación se incremente, en los próximos tres años, hasta llegar al 80% de esos quinientos euros. Además, exigen que se cree una red de centros concertados. Aseguran que no está equiparada la oferta y la demanda y, también, teme que su labor pase, en los próximos años, a los colegios de Educación Primaria, como ya ocurrió con los niños de tres a cinco años. Otros de los problemas son los días de descanso de los profesionales y, también, el horario de apertura. Todas estas razones hacen que lleguen a dudar de la viabilidad de sus empresas. “Entendemos que el nuevo planteamiento nos ahoga económicamente e impide nuestra supervivencia”, reza el escrito enviado a la Consejería de Educación. Por último, la “ambigüedad” y la “falta de diálogo” hacen que los responsables de los centros de Educación Infantil duden de que puedan ofrecer un servicio de calidad. Así, ya están informando a los padres sobre la situación y no descartan movilizaciones si no consiguen negociar.