Las guarderías privadas no están a salvo de los impagos
En los últimos años, las protestas de los trabajadores de las escuelas municipales infantiles por los impagos que sufren resuenan como las campanadas que anuncian el funeral de los servicios públicos. Los impagos que atenazan a este sector reflejan la situación agónica que atraviesa el Estado de Bienestar en esta capital, en particular, y, de forma generalizada, en el país.

Pero las guarderías públicas no son las únicas que soportan retrasos en los pagos. También los aguantan las escuelas infantiles privadas con las que la Junta mantiene convenios para el concierto de plazas. En estos momentos, la Consejería de Educación les adeuda los meses de junio y julio pasados y, entre sus propietarios, late el “temor a que cualquier día” la Administración autonómica diga: “Ya no se puede pagar”.
“Hasta ahora, paga bien, pero vamos al día”, explica el dueño de una de las más de 30 guarderías privadas que hay en la capital, que prefiere permanecer en el anonimato. Recuerda que, “hace unos años”, se les “dejó colgados 4.800 euros a cada centro”, y añade: “Llevamos 4 años que no nos pagan agosto, así que el colchón que podríamos tener lo hemos agotado”.
En el caso de las escuelas infantiles municipales, el Ayuntamiento ni siquiera ha cobrado mayo. Y, aunque la propia Administración local está incumpliendo sus obligaciones de pago a la cooperativa Ceian, la edil de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, se queja en una nota: “Esta situación es inaguantable y con el agravante de que se está perjudicando a los más pequeños y a los profesionales de estos servicios”.
Desde la Delegación de Educación reconocen los atrasos, pero aclaran que, en el caso de las privadas, aún están en plazo, y explican que esta situación responde a un problema puntual de liquidez que la Administración espera solventar cuanto antes para ponerse al día en los pagos en septiembre. Indican que la razón por la que a las públicas se les debe un mes más es porque, desde mediados del año pasado, se debe pagar este servicio a los ayuntamientos con fondos propios y no a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).